Cancino ha negado categóricamente los hechos. Según su versión, los encuentros señalados por Vargas fueron malinterpretados y no constituyeron acoso sexual. Sin embargo, la fuerza de la denuncia, difundida ampliamente en medios, provocó efectos inmediatos en la esfera política. A diferencia de la justicia, la percepción pública no espera pruebas ni procesos: la sospecha basta para alterar el destino de un funcionario.
Lo que hace singular este caso es el contexto político que lo rodea. Vargas Ávila, que mantuvo su contrato en el Ministerio del Interior durante toda la investigación, tiene vínculos con sectores influyentes del Partido Verde, según fuentes políticas consultadas por este medio. Además, Cancino habría sido percibido como un obstáculo por aliados del exministro Juan Fernando Cristo, lo que plantea la pregunta: ¿la denuncia fue una herramienta política más que un reclamo judicial genuino?
La historia muestra que este tipo de acusaciones puede tener efectos devastadores, incluso si posteriormente se demuestra que carecen de fundamento. El caso del político escocés Alex Salmond es un ejemplo cercano: acusado de conducta sexual inapropiada, fue absuelto de todos los cargos o se emitieron veredictos de “no probado”, pero su reputación y carrera política quedaron marcadas para siempre. De manera similar, el Operation Midland en el Reino Unido demostró cómo investigaciones de alto perfil basadas en denuncias infundadas pueden destruir reputaciones antes de que se confirme cualquier culpabilidad.
En Colombia, el impacto mediático y político es inmediato y difícil de revertir. Cancino sostiene que posee pruebas que demuestran que nunca cometió los actos que Vargas le atribuye. La evidencia incluye transcripciones, registros digitales y declaraciones que, según su defensa, muestran que lo que se le imputa es inexacto o malinterpretado.
Más allá del ámbito legal, el caso plantea interrogantes sobre cómo se manejan denuncias de alto perfil en Colombia. La justicia puede tardar años, pero la reputación puede perderse en semanas. La recuperación de Cancino dependerá de un cierre judicial claro, rectificación en medios que difundieron información dañina y una estrategia de comunicación transparente.
El caso Cancino-Vargas expone la delgada línea entre justicia, política y opinión pública: cómo una acusación puede convertirse en arma política y cómo, en este tipo de escenarios, la presunción de inocencia se enfrenta al juicio de la opinión pública. Hasta que la Fiscalía se pronuncie, la verdad sigue pendiente y la carrera de Diego Cancino permanece en pausa, mientras su inocencia legal sigue intacta.
Cuando Viviana Vargas aseguró ante la Fiscalía que yo habría afirmado hechos que yo cuestione, dos intenciones diferentes, donde yo mencioné los hechos, los cuestioné, los analicé, pero nunca los afirmé como lo asegura quien hoy al mejor estilo de Abelardo de la Espriella también me tiene denunciado en la Fiscalía, la señora Vargas. Cuestionar y plantear dudas es parte del ejercicio periodístico y del debate público; afirmar hechos inexistentes es otra cosa completamente distinta.
El hecho de que se haya presentado esta denuncia, que considero injusta y engañosa, no solo afecta mi reputación profesional, sino que también siembra dudas sobre la imparcialidad del proceso de Diego Cancino. En este contexto, uno no puede evitar preguntarse si estamos frente a un “falso positivo judicial”, donde la justicia corre el riesgo de convertirse en instrumento para silenciar voces incómodas o moldear resultados políticos antes de que los tribunales establezcan la verdad.
Es necesario ser muy claro en este punto, yo nunca afirmé los hechos que Viviana Vargas aseguró ante la Fiscalía que habría dicho, eso es falso, y hay falsedad en esa denuncia. Lo que hice fue mencionarlos, cuestionarlos y ponerlos en contexto, en un país donde esas cosas pasan, ejerciendo mi derecho constitucional a la libertad de expresión y al análisis de información de interés público (artículo 20 de la Constitución colombiana).
Presentar una denuncia alegando que yo “afirmé” algo que no dije no es solo una distorsión de la verdad: es un intento de criminalizar el periodismo crítico. En Colombia y en otros países, hay precedentes de falsas denuncias dirigidas contra periodistas para silenciarlos, desde procesos por injuria o calumnia hasta acusaciones de revictimización, con el efecto inmediato de intimidar y frenar la investigación independiente. Esta denuncia engañosa no solo afecta mi reputación, sino que genera dudas serias sobre la imparcialidad del proceso contra Diego Cancino, dejando entrever la posibilidad de que la justicia pueda ser manipulada como instrumento político para callar voces incómodas antes de que se determinen los hechos en tribunales. La línea entre debate público y represión judicial no puede ser borrada impunemente.
Aunque el Tercer Canal eliminó parte de mi contenido, mi trabajo periodístico independiente sigue vigente, intacto y digno. Respaldado por una investigación que hoy no solo realiza la Fiscalía, sino también la prensa rigurosa, que no olvida y espera la verdad para contarla al mundo, pero además con la necesidad urgente de que la Fiscalía no sea utilizada como un instrumento para destruir la verdad.
Frente a todo lo expuesto, surgen serias dudas sobre la veracidad de la denuncia presentada por Viviana Vargas Ávila. La combinación de su permanencia en el Ministerio del Interior durante todo el proceso, sus vínculos políticos, las inconsistencias en la atribución de declaraciones que nunca se hicieron, y la posible utilización de la justicia como instrumento político, generan un panorama en el que la denuncia deja de ser solo un reclamo judicial para convertirse en un instrumento de presión mediática y política. Mientras la investigación continúa, estas dudas no solo cuestionan la solidez del caso contra Diego Cancino, sino que también ponen en evidencia cómo las acusaciones de alto perfil pueden ser manipuladas, afectando reputaciones y debilitando la confianza pública en la imparcialidad del sistema judicial colombiano.
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