La emprendedora asegura haber intentado durante años encontrar una solución con la entidad financiera tras la pandemia con el objetivo de mantener tanto su vivienda como el pequeño proyecto turístico que había puesto en marcha imbricado en ella, en una zona especialmente afectada por la despoblación.
El origen de la situación
La historia se remonta a los años en los que Patricia mantenía una hipoteca con la antigua entidad Caja España. Tras quedarse sola al frente de su hogar y de su actividad económica con tres hijos a su cargo, la cuota hipotecaria se volvió difícil de asumir.
En agosto de 2018 decidió acudir a en busca de una solución que le permitiera reorganizar su deuda y mantener su vivienda.
Para estudiar la operación, la entidad realizó una nueva tasación del inmueble. Mientras que anteriormente la vivienda había sido valorada en aproximadamente 169.000 euros, la nueva tasación situó el valor del inmueble en 109.000 euros.
Según relata Patricia, desde la entidad le indicaron que únicamente podían conceder financiación por el 50 % del valor de tasación. Como alternativa, le ofrecieron una cuenta de crédito de aproximadamente 25.000 euros que permitiría cancelar el préstamo pendiente con Caja España.
La operación incluyó además otros productos asociados, como un contrato de renting, la financiación de un teléfono móvil y la contratación de diferentes seguros vinculados.
Un proyecto para generar actividad en el medio rural
Parte del proyecto incluía un pequeño alojamiento rural imbricado dentro de la vivienda familiar. Este espacio formaba parte de un proyecto turístico con el que Patricia pretendía generar ingresos para su familia y contribuir a dinamizar económicamente la zona.
El proyecto se desarrollaba en el entorno de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, un área con un importante valor natural que atrae visitantes y que se encuentra en una de las provincias más afectadas por la despoblación.
Durante los primeros años tras la refinanciación, Patricia asegura haber cumplido con todos los pagos correspondientes a los productos financieros contratados.
El impacto de la pandemia
La llegada de la pandemia de COVID-19 supuso un duro golpe para miles de pequeños negocios en España, especialmente en el sector turístico.
El alojamiento rural de Patricia se vio directamente afectado por el cierre de la actividad, lo que provocó el primer retraso en el pago de una de las cuotas. Según explica, el retraso fue de apenas unos días y posteriormente regularizó la situación abonando tanto la cuota como los intereses correspondientes.
Durante ese periodo se pusieron en marcha diferentes líneas de financiación avaladas por el Estado, incluidas líneas ICO específicas para el sector turístico.
Patricia afirma que solicitó información para acogerse a alguna fórmula que le permitiera reorganizar su deuda y continuar con su proyecto, pero asegura que no obtuvo ninguna solución que facilitara el pago de las cuotas.
El conflicto con la entidad
En agosto de 2020, según relata, la entidad le solicitó el pago de aproximadamente 15.000 euros en un plazo de quince días. Tras diversas conversaciones, finalmente se alcanzó un acuerdo para renovar la cuenta de crédito.
Durante los años siguientes Patricia asegura haber solicitado en varias ocasiones transformar la deuda en una hipoteca con cuotas más asumibles, pero afirma que esta posibilidad nunca llegó a materializarse.
El conflicto se intensificó en 2023 durante la última renovación de la cuenta de crédito, cuando, según explica, la entidad quiso vincular la operación a la contratación de un seguro de vida con un coste cercano a los 80 euros mensuales.
Tras presentar una reclamación por esta situación, Patricia recibió en las Navidades de 2023 una carta en la que se le comunicaba que la cuenta de crédito no volvería a renovarse.
La subasta del alojamiento
Dado que la cuenta de crédito estaba avalada con su propio patrimonio, el proceso terminó derivando en un procedimiento judicial.
El pequeño alojamiento rural integrado en su vivienda salió a subasta y fue adjudicado en la primera puja por aproximadamente 37.000 euros a Buildingcenter.
Según explica Patricia, su sorpresa fue descubrir que esta adjudicación no cancelaba la deuda vinculada a la cuenta de crédito, lo que significa que, además de perder el espacio donde desarrollaba su actividad económica, la deuda financiera continúa existiendo.
Una situación que genera indignación
La emprendedora afirma que, tras la adjudicación del inmueble por 37.000 euros, la entidad le ha ofrecido posteriormente la posibilidad de recuperarlo por un importe cercano a los 120.000 euros, una cantidad que no solo triplica el valor de adjudicación, sino que incluso supera la tasación de 109.000 euros realizada por la propia entidad en el proceso de refinanciación.
Patricia asegura haber intentado negociar una solución con la entidad durante los últimos meses, pero afirma que todas las propuestas han sido rechazadas.
El próximo 17 de marzo está previsto un nuevo paso en el proceso judicial con una orden de levantamiento del inmueble dictada por el juzgado de Villalpando.
Un caso que refleja la situación de muchos emprendedores rurales
Más allá de su caso personal, Patricia considera que su historia refleja las dificultades que encuentran muchas familias que intentan emprender y generar actividad económica en zonas rurales con escaso acceso a financiación y pocas oportunidades.
“Mi objetivo siempre fue sacar adelante un proyecto que generara vida en el entorno de las Lagunas de Villafáfila y construir un futuro para mis hijos”, explica.
Ahora espera que hacer pública su historia sirva para visibilizar la situación de muchos pequeños emprendedores que luchan por mantener sus proyectos en la España rural.
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