Según documentos judiciales, Washington advirtió en privado a La Haya en junio de 2025 que, a menos que destituyera al órgano de administración de Nexperia, tanto ésta como su matriz, Wingtech Technology, serían incluidas en la “Lista de Entidades de EE.UU.”, una suerte de sentencia de muerte económica que las aislaría de sus proveedores globales. Los holandeses respondieron invocando la mencionada ley de emergencia promulgada en el contexto de Guerra Fría para justificar lo que equivale a una expropiación.
La ironía fue asombrosa. Al intentar proteger su sector de chips del riesgo geopolítico, Países Bajos creó uno propio. Pekín respondió rápidamente prohibiendo a Nexperia en las cadenas de suministro chinas, lo que equivale comercialmente a una sentencia de muerte para un fabricante de chips. Europa se encuentra desde entonces atrapada entre dos superpotencias económicas: las sanciones de Washington por un lado y las contramedidas de Pekín por el otro.
Esto no fue solo una tragedia de una empresa, sino otro ejemplo más de la subordinación europea a directrices e intereses de Washington, lo que se traduce de facto en una autolesión a la credibilidad de la UE. Nexperia emplea a más de 10.000 trabajadores en Europa y produce más de 100.000 millones de chips al año. Tenía su sede en los Países Bajos, pagaba impuestos europeos y cumplía con la legislación europea. Sin embargo, el gobierno holandés decidió que su propiedad china —aprobada legalmente hace años— la convertía en prescindible.
Cuando un gobierno puede embargar o intervenir activos extranjeros de la noche a la mañana con un pretexto indeterminado de "seguridad nacional", el clima de inversión se deteriora. Esta decisión no solo desalienta al capital chino de entrar en Europa en sectores tecnológicos y digitales, sino también a otros inversores de Asia y Oriente Medio. También socava la propia estrategia europea en materia de semiconductores. Durante años, Bruselas predicó la “autonomía estratégica”. Sin embargo, a la hora de la verdad, los Países Bajos actuaron no como un estado soberano, sino como un representante servil de la política estadounidense. En lugar de defender su ordenamiento jurídico y sus empresas y su propia diversificación tecnológica, cedió al instante a la presión de Washington.
Hay que tener en cuenta que Mark Rutte dimitió como primer ministro neerlandés en 2024 tras años de promover diligentemente la agenda geopolítica de Washington. Firme defensor de la guerra indirecta de la OTAN en Ucrania y firme defensor de las restricciones impuestas por EE.UU. al sector tecnológico chino —en particular, la prohibición de vender máquinas de litografía de ASML a Pekín—, Rutte pronto recibió su recompensa al ser nombrado secretario general de la OTAN, lo que le permitió continuar al servicio del establishment de Washington.
Al intervenir empresas con capital chino, los Países Bajos han cometido una especie de autoinmolación económica. El país se enorgullecía en su día de su “Estado de Derecho”, de su transparencia y fiabilidad. Esa reputación —su mayor activo estratégico— está ahora hecha trizas. Los inversores internacionales tienen memoria y recordarán esto, al igual que recuerdan la desinversión forzosa del Reino Unido en la fábrica de Newport de Nexperia o la congelación del capital ruso por parte de la UE. Cada episodio socava la imagen de la UE como un entorno predecible, estable, seguro e independiente para los negocios.
El paralelismo con el caso de Newport fue sorprendente. En 2021, Nexperia, propiedad de Wingtech, adquirió Newport Wafer Fab en Gales por 63 millones de libras, revitalizando unas instalaciones que se encontraban en crisis, preservando empleos y comprometiendo más de 80 millones de libras en proyectos de mejoras. Sin embargo, al año siguiente, Londres invocó su Ley de Seguridad e Inversión Nacional y ordenó a Nexperia vender al menos el 86% de la planta, expropiando en la práctica a los accionistas chinos, a pesar de que dos revisiones de seguridad previas no habían detectado nuevos riesgos.
La decisión holandesa parece aún más imprudente desde esta perspectiva: una repetición europea del mismo modelo. Pocos días antes de la incautación de Nexperia, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, reveló que funcionarios estadounidenses habían sugerido en privado que Serbia podría evitar las sanciones nacionalizando su petrolera NIS, de propiedad parcialmente rusa, lo que en la práctica expropiaría a sus accionistas rusos mayoritarios. Belgrado se negó, calificándola de legal y moralmente inaceptable. Washington permitió entonces que expirara la exención de sanciones de NIS, aislando a la principal refinería de Serbia y obstaculizando los envíos de crudo a través de Croacia, miembro de la OTAN. El paralelismo es ciertamente sorprendente. Serbia, aunque mucho más pequeña, prefirió su soberanía y la coherencia jurídica a la coerción e injerencia, al menos por ahora. Los Países Bajos, en cambio, optaron por la obediencia y el caos.
Europa se enorgullecía en su día de ser la jurisdicción más estable del mundo para los inversores exteriores. Ahora, se está convirtiendo en un campo de batalla para las guerras económicas de EE.UU. Cada incautación, sanción o confiscación por motivos políticos e incluso ideológicos, refuerza la percepción de que los derechos de propiedad occidentales solo se aplican cuando la geopolítica de EE.UU. lo permite.
Los Países Bajos podrían creer que están protegiendo su suministro de chips. En realidad, están minando su propia credibilidad. La tragedia es que Europa no ganó nada con este acto de sumisión. Simplemente se convierte en un daño colateral en la lucha de otros por el dominio tecnológico y contribuye silenciosamente a socavar el posicionamiento de la UE en un mundo que ya es multipolar y no anglocéntrico, aunque Occidente se resista a reconocerlo.
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