No hace falta recordar que con otra instrucción no menor que la de los tataranietos españoles de la diáspora, el liberal Práxedes Mateo Sagasta, tejió hace siglo y medio el mayor y continuado pucherazo de la historia durante los 50 años de la Restauración para alternarse en el poder junto al conservador Cánovas del Castillo (1874-1931). Todo comenzó con una orden a los gobernadores de la época para “comprar a dos reales o a peseta, el mayor número posible de cédulas pertenecientes a electores federales, con el sigilo correspondiente”. Hay que reconocer, al menos, que el 'glorioso' bipartidismo decimonónico consiguió instaurar el periodo de mayor estabilidad de nuestra historia patria.
Todos censados
En España hay 38 millones de personas inscritas en el censo, según el INE a diciembre de 2025, del que forman parte 35.6 millones residentes nacionales (CER) y otros 2.6 m. en el exterior (CERA). A ellos se sumarán tres millones de nuevos ciudadanos que, en el caso de los migrantes regularizados, tendrán permiso de residencia y trabajo legal, acceso al sistema sanitario y derecho al voto, aunque no inmediato, como sí ocurrirá con los tataranietos de los exiliados tras la guerra civil. La instrucción del Ministerio de Justicia que modificó la Memoria Histórica, considera exiliados a quienes dejaron el país entre 1936 y 1955 sin tener que acreditar motivos políticos o ideológicos. Algo así como una nacionalización general para todas las personas con padre, abuelo, bisabuelo o incluso un tatarabuelo español emigrado. No sólo para los exiliados por sufrir represión, sino para todos.
Legalizados y nacionalizados por doquier
El 67% de solicitudes de legalización son de personas de América Central y del Sur: Colombia concentra el 26%; Marruecos el 13,4%; Venezuela el 11,7% y Perú un 8,8%. Sólo Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana concentran más de la mitad de las solicitudes (el 54,8%), con 257.000, 220.000 y 167.000 solicitudes respectivamente, seguidas de 161.000 en Andalucía. El 52% de los expedientes (608.000) ya están en fase de tramitación.
Respecto a las nacionalizaciones, el PSOE ya admitió hace meses que Argentina sería “la tercera o cuarta provincia española", reconociendo que la 'ley de nietos' modificara el censo electoral de forma considerable, tal y como denuncian los partidos de la oposición, PP y Vox. De los más de dos millones de ciudadanos peticionarios de la nacionalidad española, el país austral acapara casi la mitad -cerca del millón- para beneficiarse del derecho de voto en España. El Gobierno, en cambio, argumenta que solo busca "reparación y justicia" hacia aquellos españoles que huyeron del franquismo.
Proceso viciado
El volumen de solicitudes ha desbordado todas las previsiones del ejecutivo con un procedimiento más que cuestionado hasta por la Policía Nacional. Altos mandos del cuerpo de seguridad nacional denuncian caos, falta de transparencia y ausencia de reparto de competencias en un proceso en el que han sido convidados de piedra, salvo para constatar el gigantesco incremento de denuncias -hasta el 866% -por supuesto extravío del pasaporte de ciudadanos paquistaníes, cual maniobra para eludir registros penales y facilitar su regularización. Una vez iniciado el proceso, el ministerio del Interior agilizó la renovación de maquinaria para producir pasaportes, hasta 50 por minuto. A día de hoy, los agentes reconocen desconocer cómo actuar a partir de ahora para controlar los 400.000 inmigrantes sobrevenidos del exterior por un efecto llamada agilizado en los últimos meses incluso desde Europa.
Rectificación del PP: dónde dije, digo Diego
Cuatro años después de aceptar y proponer su propia ley del exilio, el PP asume dar la nacionalidad a los descendientes de todos los ciudadanos que emigraron, pero “con garantías”, y la intención de reformar el Código Civil en materia de nacionalidad. El partido de Feijóo plantea una ley de nacionalidad más amplia que aborde distintos supuestos de acceso a este derecho, aunque de forma más restrictiva que la aprobada por el Gobierno sin controles suficientes y por una vía discutible. Según el PP, la nacionalidad no es sólo un documento, sino que supone también pertenencia política con derechos y deberes.
En busca del disputado voto exterior
La alteración legal del censo con un gobierno minoritario, en retroceso y la multitud de encuestas que lo desahucian del poder, provoca una convulsión electoral. El PSOE ya ganó el voto exterior en las últimas elecciones autonómicas pese a sufrir sonoros batacazos en el voto interior. Los socialistas mejoraron su resultado 7 puntos en Extremadura, 9 en Andalucía, 10 en Castilla y León y 12 en Aragón, con el 31,3% del voto CERA (nueve puntos más que con los residentes en la autonomía más poblada, Andalucía), por el 29,5% del PP. Hasta hoy, solo el 10% de los nacionalizados del exterior ejerce su derecho al voto. Incluso con un previsible aumento hasta el 15% sería difícil el cambio en las tendencias demoscópicas que dan un holgado triunfo de hasta 200 diputados de la fachosfera derechista que tanto asusta al personal.
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