Una tormenta perfecta e invisible cuyos ingredientes principales no son el agua ni el viento, sino la parálisis institucional, el abandono sistemático y la absoluta desconexión entre la disputa política y la realidad del suelo.
EL LABERINTO DE LOS DESPACHOS
La raíz de esta catástrofe silenciosa se encuentra sepultada bajo toneladas de burocracia. La aplicación de la Ley de Montes se ha transformado en un laberinto de competencias descentralizadas donde cada Comunidad Autónoma interpreta la norma con criterios dispares. El resultado de esta fragmentación no es una gestión adaptada, sino una parálisis administrativa crónica. Cuando un propietario forestal requiere limpiar su finca, desbrozar el matorral o realizar podas estructurales preventivas, se topa con la exigencia de farragosos planes técnicos o autorizaciones cuyos plazos de resolución expiran mucho después de que las llamas hayan pasado. La ley, diseñada teóricamente para proteger el entorno, termina asfixiando la capacidad de reacción de quienes habitan en él.
Es en este punto donde el campo español ejecuta su propio "harakiri” En un país donde el 72% de la superficie forestal está en manos privadas —más de 20 millones de hectáreas—, el ordenamiento jurídico descarga la responsabilidad del mantenimiento sobre el particular.
EL BOSQUE SIN MANOS
Pero esta exigencia legal choca frontalmente con una realidad sociodemográfica insostenible: un medio rural envejecido, minifundios abandonados por falta de rentabilidad y una total ausencia de incentivos para la gestión activa del monte.
El propietario no siempre incumple por desidia; a menudo incumple por pura inviabilidad económica. Al abandonar la explotación y limpia del monte, el propietario, cercado por la regulación y el olvido, entrega su propia tierra al combustible.
LA POLÍTICA DEL EXTINTOR
Las autoridades, por su parte, mantienen un modelo de inversión pública que prioriza el espectáculo de la reacción sobre la eficacia de la prevención. Los datos del sector son una enmienda a la totalidad de esta estrategia: aproximadamente el 78% de los recursos públicos se destina a apagar los incendios en verano, mientras que apenas un 12% se invierte en la selvicultura preventiva durante el invierno. Es una política cortoplacista. Pretender combatir la nueva virulencia climática y los incendios de última generación confiando únicamente en la capacidad de extinción es un error de cálculo trágico.
CONCLUSIÓN
El fuego se apaga en invierno, dinamizando la economía rural y fragmentando el paisaje, o no se apagará en verano por muchos medios aéreos que se desplieguen.
Hemos edificado nuestra conciencia forestal sobre mitos historiográficos falsos. La célebre fábula atribuida a Plinio el Viejo en tiempos romanos, según la cual una ardilla podía cruzar la Península Ibérica saltando de copa en copa, ha sido desmentida por la ciencia. El paisaje original de Iberia nunca fue un bosque continuo y denso, sino un mosaico heterogéneo de claros, matorrales y dehesas moldeado por la naturaleza y el pastoreo.
Paradójicamente, la desidia compartida entre administraciones y el abandono del tejido rural han creado hoy ese bosque continuo, masivo y sobrecargado de combustible que la fábula romana describía de forma ficticia.
Sin un giro drástico hacia la prevención real y la simplificación administrativa, la "Dana Terrenal" seguirá su curso, demostrando que el territorio no se está quemando: lo estamos dejando suicidarse.
Si (
No(
