Ceuta: nunca se debe desperdiciar una buena crisis
La caótica irrupción fronteriza en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, a finales de julio de 2026, brindó la última oportunidad. Decenas de miles de migrantes cruzaron desde Marruecos en cuestión de días, desbordando el pequeño territorio y desencadenando una furiosa polémica política en toda la Unión Europea. La mayoría de los que entraron regresaron posteriormente a Marruecos, pero quedan unos pocos miles, y Ceuta está intentando ahora trasladar a unos 1 000 menores a la España peninsular.
En respuesta, los líderes de veintidós Estados miembros emitieron una carta en términos contundentes, en la que cuestionaban claramente las políticas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su reciente campaña de regularización de migrantes en situación irregular que podría beneficiar, en última instancia, a tres millones de personas.
A raíz de ello, Italia incluso decidió suspender temporalmente los acuerdos de viaje sin pasaporte con España, a lo que siguió una represalia española en forma de controles fronterizos en los vuelos de Italia a España. En reacciones posteriores, los Estados miembros de la UE moderaron su postura respecto a España, pero el mensaje ya había quedado claro. La regularización masiva de Sánchez «puede que no haya sido el único detonante, pero sin duda fue un catalizador», según la ministra austriaca para Europa, Claudia Bauer.
A diferencia de los Estados miembros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió la gestión de la crisis por parte de Sánchez, afirmando: «Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el desplazamiento ilegal hacia la España peninsular y Europa».
De este modo, también lanzó inmediatamente un llamamiento a una mayor coordinación de la UE y a un mayor gasto de la UE en materia de migración, afirmando: «La migración es un reto europeo que requiere una respuesta europea». En concreto, abogó por «una vigilancia atenta y el uso de barreras físicas cuando sea necesario», sistemas de alerta temprana y un mayor apoyo técnico y financiero a Marruecos, lo que puede levantar algunas cejas entre quienes consideran que Marruecos está, activa o pasivamente, detrás de todo esto. La Comisión Europea, además, propuso «aumentar el apoyo a España», así como el despliegue de más miembros de Frontex, la agencia fronteriza de la UE, en España.
El eurodiputado francés Fabrice Leggeri (RN), antiguo director de la agencia fronteriza de la UE Frontex, reaccionó: «La Unión Europea vuelve a sacar a relucir su catálogo habitual. Más Frontex, más recursos, más procedimientos. (...) Lo que nunca ha faltado es dinero. Lo que falta es la voluntad política para hacer respetar nuestras fronteras».
Sin embargo, hasta ahora, también el Gobierno español de izquierdas se ha negado a solicitar que se incremente la presencia de Frontex en España, insistiendo en que el control fronterizo es competencia de las autoridades nacionales. Así pues, «nunca desperdiciar una buena crisis» es una estrategia de confianza de la Comisión Europea para llevar a cabo su agenda.
Exigencias de la UE de «recursos propios»: impuestos de la UE en todo menos en el nombre
La crisis de la COVID-19 supuso una gran oportunidad para que la Comisión Europea obtuviera más poderes. No solo se encomendó a la Comisión Europea la negociación de la compra conjunta de vacunas, sino que los líderes de la UE también acordaron un nuevo fondo comunitario de gran envergadura, financiado con deuda de la UE emitida de forma conjunta. Este «Fondo de Recuperación de la COVID-19», que ascendió a 800 000 millones de euros, ha estado plagado de fraudes y malversaciones.
El Tribunal de Cuentas de la UE, el organismo interno de control financiero de la UE, ha criticado duramente la opacidad del programa en un informe. Ivana Maletić, miembro del Tribunal de Cuentas de Croacia, llegó incluso a calificar la forma en que se gastaron los fondos de «completamente absurda», y afirmó: «Los responsables políticos de la UE no deberían permitir este tipo de instrumentos en el futuro a menos que dispongan primero de información sobre los costes reales y los destinatarios finales. También deben tener una respuesta clara a la pregunta de qué obtienen realmente los ciudadanos a cambio de su dinero».
Nada de esto ha frenado la sed de más dinero de la Comisión Europea. Para el nuevo presupuesto a largo plazo de la UE para el periodo 2028-2034, está presionando con fuerza para obtener nuevos «recursos propios»: impuestos sobre el tabaco, los residuos electrónicos y las empresas, junto con ingresos vinculados a la fijación de precios del carbono y a las emisiones de gases de efecto invernadero. En primavera, el Parlamento Europeo sugirió, de forma poco constructiva, otros tres nuevos impuestos de la UE: sobre el juego en línea, las empresas de criptomonedas y las empresas digitales. El mes pasado, el embajador de Irlanda ante la UE se reunió con sus homólogos para evaluar cuál de los ocho impuestos sobre la mesa cuenta con mayor apoyo. Mientras tanto, también se ha planteado un impuesto sobre el azúcar.
Desde el momento en que se propuso, Suecia se ha opuesto con vehemencia al impuesto sobre el tabaco propuesto, que aportaría al menos 11 200 millones de euros anuales al presupuesto de la UE. En julio de 2025, la ministra de Hacienda de Suecia, Elisabeth Svantesson, lo calificó de «completamente inaceptable».
La preocupación concreta en este caso era que la Comisión pretendía someter no solo a los productos de tabaco convencionales, sino también a las alternativas de nicotina de menor riesgo, a impuestos especiales mínimos significativamente más elevados, ignorando así los efectos sobre la salud marcadamente diferentes de los productos en cuestión. Un enfoque similar, poco específico, se aprecia en la revisión de la Directiva sobre productos del tabaco (TPD), que trata de regular esas alternativas a base de nicotina.
Resulta revelador que más del 90 % de las aportaciones a la consulta de la Comisión para esta revisión normativa en particular plantearan objeciones sustanciales a la orientación propuesta por la Comisión. Solo alrededor del 2 % de las respuestas registradas apoyaban abiertamente un enfoque más restrictivo. Se constató que el 96 % de las aportaciones procedentes de las comunidades académicas y de investigación se oponían a la orientación propuesta.
A pesar de ello, la Comisión simplemente sigue preparando el nuevo marco legislativo. Es evidente que este tipo de consultas son obstáculos incómodos para la agenda ya establecida.
También los demás gravámenes propuestos se enfrentan a oposición. Polonia e Italia se han opuesto firmemente al impuesto sobre el carbono de la UE, lo cual no es ninguna sorpresa, dadas sus críticas al «Sistema de Comercio de Emisiones» (ETS) de la UE, establecido desde hace tiempo, que consideran, con razón, una carga importante para la competitividad europea.
Alemania y otros gobiernos han criticado duramente la idea de un impuesto de sociedades de la UE, el denominado «Recurso Corporativo para Europa» (CORE). Esto parece haber surtido cierto efecto, ya que a finales de julio se supo que la Comisión está ahora considerando suavizarlo, reduciendo el número de empresas a las que se aplicaría. Politico cita a un diplomático europeo que se pregunta si el gravamen generaría entonces unos ingresos insignificantes, y afirma: «¿Merece la pena el esfuerzo?». Esto no viene al caso. Sin duda, la idea de la Comisión Europea es que, una vez establecido dicho régimen fiscal de la UE, se pueda ampliar.
Contratación pública en materia de defensa y la guerra de Ucrania
También en el ámbito de la defensa, la Comisión Europea ha adquirido poderes considerables en los últimos años. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia puso de manifiesto la falta crónica de inversión y la fragmentación industrial de Europa. Con instrumentos como la Ley de Apoyo a la Producción de Munición (ASAP), la Ley de Refuerzo de la Industria de Defensa Europea mediante la Contratación Común (EDIRPA), la Estrategia Industrial de Defensa Europea (EDIS) de 2024 y el posterior Programa de la Industria de Defensa Europea, el papel de la UE en materia de defensa —y, por tanto, el de la Comisión— se ha ampliado considerablemente. Uno de los objetivos para 2030 es que el 50 % de los presupuestos de contratación pública en materia de defensa y al menos el 40 % de la adquisición de equipamiento de defensa se realicen mediante la colaboración.
Irónicamente, el Fondo Europeo para la Paz (EPF), un fondo extrapresupuestario de más de 17 000 millones de euros creado en 2021, ha acabado siendo un medio para reembolsar a los Estados miembros por el envío de armas letales, municiones y equipamiento militar a zonas de guerra como Ucrania.
Por último, pero no por ello menos importante, está el instrumento de préstamo SAFE de la UE, aprobado en 2025 con una dotación de 150 000 millones de euros. Esto permite a la Comisión obtener fondos en los mercados internacionales y prestarlos a los Estados miembros para inversiones en defensa, incluido el apoyo a Ucrania. Supone aún más deuda de la UE emitida de forma conjunta.
Lo que comenzó como una coordinación de emergencia ha evolucionado hacia un aumento estructural de la influencia de la UE sobre las compras militares y la política industrial, ámbitos que durante mucho tiempo se han considerado competencias nacionales fundamentales.
Si bien, en principio, se acoge con satisfacción una mayor cooperación europea en materia de defensa, la creciente presencia presupuestaria y normativa de la Comisión plantea cuestiones legítimas sobre el control democrático y la soberanía nacional.
Además, cabe preguntarse si la actuación de la UE en materia de defensa no supone un obstáculo para la OTAN. En su discurso de despedida en 2024, el exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que los países europeos debían evitar «duplicar» los esfuerzos de defensa de la OTAN con iniciativas de la UE.
Durante ese tiempo, altos cargos de la OTAN se quejaron de que los esfuerzos de la UE en materia de defensa ya estaban desviando recursos de las estructuras existentes de la OTAN. Un ejemplo de ello es que la OTAN cuenta con su propia Agencia de Apoyo y Adquisiciones (NSPA), con sede en Luxemburgo, que actúa como centro principal de la Alianza para las adquisiciones conjuntas multinacionales.
Defensa comercial y el desafío de China
Por último, pero no por ello menos importante, la Comisión Europea también ha adquirido todo tipo de nuevas competencias para responder a los conflictos comerciales. Un acontecimiento clave en este sentido fue la forma en que China presionó a Lituania en 2021 mediante una severa campaña de degradación diplomática y coacción económica informal, en respuesta a la postura diplomática de este país hacia Taiwán. La Organización Mundial del Comercio (OMC) no ofreció muchas soluciones a Lituania.
Una respuesta a esta situación es el Instrumento contra la Coacción (ACI) de la UE, adoptado en 2023 y a menudo descrito como el «bazuca comercial» de la UE. Este instrumento otorga a la Comisión amplios poderes para proponer todo tipo de medidas de represalia: desde restricciones a la importación y la exportación hasta limitaciones en la contratación pública, los servicios, la inversión y la protección de la propiedad intelectual. Esto sigue requiriendo el acuerdo de los Estados miembros de la UE, pero en el contexto de la toma de decisiones en el marco del ACI, la capacidad de los Estados miembros individuales o del Parlamento Europeo para bloquear las medidas se ve reducida.
También son nuevas el Instrumento de Contratación Pública Internacional, adoptado en 2022, y el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras. Asimismo, se está trabajando en un «instrumento contra el exceso de capacidad», que ya ha provocado amenazas de represalias por parte de China.
Todo ello se suma a las competencias tradicionales de la Comisión Europea, como el derecho a imponer derechos antidumping, medidas antisubvenciones y medidas de salvaguardia. A finales de 2025, la Comisión había puesto en marcha más de 170 medidas de este tipo, la gran mayoría dirigidas a exportadores chinos, como por ejemplo los derechos adicionales de hasta el 35,3 % sobre los vehículos eléctricos chinos.
Sin duda, existen preocupaciones legítimas sobre la competencia desleal y la coacción, pero en lo que respecta al proteccionismo, la UE tampoco es precisamente inocente, y nada de esto debería desviar la atención de los peligros que conlleva la centralización del poder.
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