La pregunta de Giménez Barbat se debe a que la denominada Plataforma per la Llengua ha recibido subvenciones del Gobierno de la Generalitat por valor de más de 4 millones de € durante los últimos seis años y parte de ellos se han dedicado a desarrollar una app (aplicación digital) que tiene por objetivo poder denunciar si algunos de los 1,5 millones de comercios existentes en Francia y las CC.AA de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana o Baleares en España no hacen un uso adecuado del catalán según el criterio tanto de dicha plataforma como de sus usuarios.
Giménez Barbat recuerda en su pregunta a la Comisión que esta acción contraviene el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que además es jurídicamente vinculante y que se refiere a la no discriminación por motivos de religión, sexo, lengua, raza, opiniones políticas o de cualquier otro tipo.
Para Giménez Barbat “es inaudito que un gobierno de una región que forma parte de un estado miembro dedique dinero público a financiar acciones que fomentan la delación y dividen a la sociedad”.
Paradójicamente, la web de dicha Plataforma está disponible en catalán, occitano e inglés pero no en francés, español ni valenciano provocando por lo tanto una marginación de lenguas oficiales vigentes en los territorios donde la app es de aplicación y “poniendo de manifiesto que la verdadera intención de la aplicación –en opinión de Giménez Barbat- es la imposición del monolingüismo tanto en las CC.AA citadas en España como en Sur de Francia”.
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