La prórroga en la prisión canaria de Juan Grande (para Vladimir, Julia e Igor) llega en un momento en el que sus defensas han cuestionado la integridad y el contenido del material supuestamente incriminatorio facilitado en USB y soporte informático por el ‘testigo estrella’ del caso, el ex abogado de la familia, Ismael Gerli.
Los letrados de los Kokorev han denunciado mediante escrito al juzgado que existen numerosos indicios en la causa de que este presunto delincuente “ha venido colaborando con la instrucción policial y judicial, incluso de forma extraprocesal, desde al menos la primera mitad de 2015, pudiendo haber coordinado con la fuerza instructora la obtención de información procedente de los inmuebles de los que se apropió indebidamente y sobre cuyo hecho pende proceso judicial en su contra” en Panamá.
Ismael Gerli, en el marco de un proceso en el que “estuvo profiriendo insultos y amenazas a los Kokorev, exigiendo cantidades de dinero y entregas de bienes inmuebles”, amenazando y extorsionando, colaboró con la instrucción policial en un momento anterior a su declaración como testigo. Hasta tal punto, que los abogados de los Kokorev han puesto en conocimiento de la jueza Ana Isabel de Vega que es muy probable que este presunto delincuente (que tiene retirado el pasaporte en su país, Panamá, y debe comparecer cada dos días ante la justicia) estuviera informado del procedimiento contra los Kokorev, cuando en 2015 estaba declarado secreto.
A esto añaden los letrados que es muy probable que este ex abogado (que violó las obligaciones/derechos de secreto profesional y lealtad profesional) estuviese al tanto de la orden de arresto a los Kokorev, dictada con la expectativa de obtener información y documentación incriminatoria: los informes sobre los Kokorev anteriores a la irrupción de este presunto delincuente en el caso (por ejemplo, de 15 de abril de 2015), “no aportaban elementos nuevos que no tuviera el juzgado años antes, y que entonces no sirvieron para imputar a la familia hispano-rusa”.
La defensa de la familia, asentada durante más de dos décadas en Madrid y las Islas Canarias, ha puesto en conocimiento del Instrucción nº5 de Las Palmas las querellas seguidas contra Ismael Gerli en septiembre de 2015 por estafa, apropiación indebida, fraude y delitos contra la fe pública perpetrados por el ex abogado de los Kokorev. Y ha subrayado en un escrito que, “dada la denunciada apropiación de los bienes por parte de Gerli (judicializada en Panamá), llama la atención que haya sido ignorada por la instrucción, afectando de lleno a ella y viciándola”.
La jueza Ana Isabel de Vega, después de una investigación que se prolonga una década, no ha explicado la repentina aparición procesal de este testigo estrella. “Es únicamente por los elementos dispersos en las actuaciones, incluyendo los correos electrónicos [aportados por este presunto delincuente], como se conocen los contactos extraprocesales anteriores a las detenciones de los miembros de la familia Kokorev. Hasta el extremo, que según se ha puesto en conocimiento de la magistrada, a través del sumario se revela que “Gerli es mucho más que un testigo; es más bien el promotor y el director del procedimiento: se comunica de forma regular y extraprocesal con la instrucción desde antes de su declaración como testigo el 8 de octubre de 2015, decidiéndose por la propia instrucción policial qué emails y otras comunicaciones de Gerli se incorporan al sumario y cuáles no”.
La jueza De Vega se ha negado a entregar una copia del pen drive aportado por este presunto delincuente y cuya propiedad es atribuida a Igor Kokorev (el hijo de la familia), por lo que a juicio de los abogados “es imposible comprobar su integridad y contenido”. Ello, con el agravante de que “a lo largo de la causa muchas veces se citan documentos supuestamente contenidos en dicho soporte”, y de que este ‘colaborador’ de la UDYCO en Canarias ha visto cómo la justicia en su país rechazaba material presentado ante los tribunales por haber sido falsificado.
La procedencia y trazabilidad de los 20 millones de euros transferidos a la empresa de Vladimir Kokorev desde la tesorería de Guinea Ecuatorial, objeto de esta investigación por lavado de dinero, están acreditadas y con facturas que constan en decenas de anexos documentales según refleja el sumario.
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