El tufo totalitario de los ERE

Lamentablemente en España, tras la Transición, los círculos intelectuales y sociales, autodenominados progresistas, atribuyeron una superioridad moral e intelectual al marxismo y a los sistemas políticos implantados en su nombre. Es paradigmática la admiración por la dictadura cubana, aún vigente desde 1959, a pesar de la caída de Muro de Berlín en noviembre de 1989. Esa presunta superioridad apoyó la expansión de chiringuitos asociativos pro derechos humanos y otros, financiados con dinero público, y muy proclives a excusar todo crimen o delito de la izquierda. O estabas con ellos o eras un fascista. No había término medio.

Estas mismas excusas se utilizan ahora, para ocultar el caso más grave de corrupción política que se ha destapado en la España democrática, el caso de los ERE. No se ha tratado sólo de derivar dinero o cobrar comisiones, como fueron los casos Filesa y Gurtel, para financiar actos del partido y la compra de carteles, cosa que probablemente va a aparecer cuando se siga tirando de la manta de las piezas separadas de los ERE y de los cursos de Formación. Lo que no se quiere reconocer es que el PSOE, que ha gobernado en Andalucía desde 1978 hasta 2019, ha utilizado recursos públicos, mediante ingeniería presupuestaria, al margen de todo control financiero, para crearse un círculo de empresas, trabajadores, sindicatos y comisionistas agradecidos. La cantidad utilizada oscila entre los 680, según la sentencia de la Audiencia Provincial, y los 1.217 millones de euros, que estimó la Cámara de Cuentas de Andalucía, como coste de las prejubilaciones otorgadas por los falsos ERE, que incluían lo pagado más lo pendiente de pagar.

Hasta ahora el partido no ha expresado el menor arrepentimiento por haber utilizado esas cuantías para beneficiar a los suyos, es decir a las empresas amigas, y a los sindicatos e intermediarios que actuaron como comisionistas o/y cooperadores voluntarios para posibilitar esos usos fraudulentos. No fueron “ayudas especiales” para todos los desfavorecidos sino para 6.000 trabajadores andaluces mientras que, en ese mismo periodo, otros 81.000 trabajadores andaluces tuvieron que contentarse sólo con las ayudas de los ERE auténticos. La izquierda no quiere reconocer que fue un uso en nombre del partido. Todo para el partido, porque el partido PSOE era, según ellos, el que ejercía el monopolio de la justicia social en Andalucía. Sus actitudes de hoy, recuerdan aquello de “todo el poder para los soviets”, esas agrupaciones o asambleas de obreros, soldados y campesinos rusos, en las que se apoyó Lenin para tomar el poder en 1917. Afortunadamente, aquí no ha sido para tomar el poder sino tan sólo para crear una red clientelar que favoreciera, como así ha sido, la permanencia en el poder durante 40 años.

Lo peor, en espera de que se juzguen las piezas separadas y el tema de la formación, es la pertinaz mentira socialista. En tiempos de Franco se bromeaba con la “pertinaz sequía” pero esto no es broma. Esto es mucho peor. Encima, personalidades que habrían estado mejor calladas, tales como Guerra o Bono, han salido dando cobertura a ese intento de ocultar la verdad. Otras, como Susana Díaz, que ha sido Presidenta de la Junta desde 2013 a 2019, no ha visto nada durante ese tiempo. Increíble. Si la normativa anticorrupción fuera adecuada, debería ser investigada, por la falta de colaboración de la Administración andaluza con la juez Alaya y por haber retirado a la Junta de la petición de responsabilidades civiles a los condenados. Veremos qué hace la actual Junta y el PP que también es acusación particular.

La izquierda debería aprender a diferenciar claramente entre el socialismo marxista y el socialismo democrático, que condena al marxismo. Así ocurre en Europa y así debería ser aquí. El socialismo democrático atribuye más importancia al sector público que la derecha liberal. Esta, por el contrario, cree más en el sector privado, incluso para la prestación de servicios públicos. La alternancia en el poder se fundamenta principalmente en el éxito económico de uno u otro lado y, cuando así ocurre, la derecha no tilda al socialismo de expropiador ni, cuando es a la inversa, el socialismo no tilda a la derecha liberal de fascista.

El totalitarismo de la izquierda marxista debe ser puesto a la luz definitivamente en el siglo XXI. No ha lugar a que pretenda ser la salvadora de los descamisados, la única en la que el pueblo pueda confiar. El Manifiesto Comunista sólo ha creado dictaduras. Por ello, es de gran valor, la reciente resolución del Parlamento Europeo 2019/2819, de septiembre de 2019, sobre la “Importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa”. Es una llamada de atención a todos los ciudadanos de buena fe, sean de izquierdas o de derechas. Recuerda “que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX, a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad” y pide, además, a todos los Estados miembros que “sensibilicen a la nueva generación con respecto a estas cuestiones, incluyendo la historia y el análisis de las consecuencias de los regímenes totalitarios, y expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública.

En España tenemos ahora una buena oportunidad para que se deje de dar vueltas a las cosas y se opte por el camino de la verdad de los hechos, que es la más rotunda. Pretender descalificar a otros y a la vez ocultar nuestros muertos en el armario, es hipócrita. España no se merece partidos que mientan. Habría que estar dispuestos a caminar hacia una nueva transición en las actitudes políticas. Cierto es que esto exigiría, como gesto, renunciar de entrada a la sesgada ley de Memoria Histórica y dar un amplio plazo para que los profesionales analicen los hechos de forma integral, en su contexto y su posterior evolución histórica. Habría también que estar dispuestos a hacer una lista de mentiras que, en la España democrática, los líderes políticos hayan dicho y los partidos apoyado, para acordar después dejarlas reposar al menos 20 años antes de volverlas a sacar a la palestra. Pero, sobre todo, habría que consensuar unos principios básicos y claros de ética política, entre los partidos que lo quieran, para establecer normas de Buena Política. Sin grandes complicaciones. Principios tan sencillos como “No mirar la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el nuestro”, así como el compromiso de aplicarnos el mismo rasero que apliquemos a los otros. Con esto y, con una sencilla pero contundente normativa para evitar la corrupción, España podría tomar un nuevo rumbo y ser un modelo para Europa.

La mayoría de los españoles no somos ingenuos. No nos parece que, hoy por hoy, la casta política esté dispuesta a introducir ese cambio en los comportamientos, pero por pedir que no quede. La realidad del siglo XXI nos terminará mostrando que no hay otro camino. No obstante, y hay ejemplos de ello, esperemos que el sentido común y la objetividad se hagan más frecuentes, antes de que las catástrofes terminen por llevarnos a ello tras haberlas sufrido.