Cómo todo ciudadano preocupado por el devenir de su patria y por la convivencia democrática pudo ver y seguir de cerca muchos de esos hechos a través de la televisión y otros medios, cada cual se habrá formado su opinión sobre lo coherente de la sentencia absolutoria y no nos pronunciaremos sobre ella. Tampoco criticaremos ni alabaremos a los jueces, sino que aplicaremos un raciocinio muy elemental para exponer la desazón creada al ciudadano comprometido con la democracia en la que vive. Resulta que la sentencia exculpatoria es el fruto de una votación de dos contra uno en el Tribunal con un voto particular muy contundente de la Presidencia en contra de la absolución, y que los dos jueces que sí eran favorables a la absolución tampoco coincidían en la valoración de los hechos imputados. ¡Tres jueces españoles, productos de la misma oposición y del estudio de un mismo sistema legal, con las mismas pruebas y testimonios, no alcanzan a ponerse de acuerdo en un asunto tan radicalmente grave como la participación en una sedición! Reconocerán Uds. que es como para no darle mucha credibilidad a la Justicia española... o al legislativo. Porque o las Leyes son confusas, o están muy mal redactadas, o nuestros jueces tienen un muy distinto nivel de preparación y competencia en su labor de discernir la legalidad o no de hechos probados. La seguridad jurídica se ha ido de paseo.
Pero lo más grave, como anunciamos, viene justo esta última semana. Y ahí sí somos críticos, y mucho, con otro de los pilares del sistema que se da en España: la fiscalía. Hemos insistido varias veces en la inmensa labor pedagógica que tiene en una democracia la administración de Justicia. Es la que va a fijar, frente a intoxicaciones y manipulaciones que se puedan dar en la educación reglada o en los medios de comunicación, lo que es legal y lo que no, la gravedad del comportamiento anti democrático y anti social y la sanción que merece (en comparación con otras). Por lo tanto en un caso así en que ni hay acuerdo de base, ni termina un ciudadano sabiendo si lo que ha presenciado es legal y repetible o no, en la que la propia Presidenta del Tribunal insta a profundizar en el tema por parte del Supremo, es indispensable, desde el punto de vista social y político, que los jueces más experimentados, en mayor número y con la última responsabilidad "casen “doctrina” y expongan y argumenten la posición definitiva de la Justicia española sobre los hechos por todos conocidos. Es decir el Tribunal Supremo. Por lo que era un deber social que la fiscalía del Estado, que es quién solicitaba la condena del Mayor Trapero, recurriera ante el Supremo tan “dividida sentencia”. Porque, en democracia, la fiscalía es “la Justicia del pueblo”, la que tiene por objetivo proteger y defender los derechos y libertades del pueblo soberano. Y en esos asuntos debe ir hasta el final. En nuestro nombre.
Pues bien, en una actitud a nuestro juicio muy condenable e irresponsable, la fiscalía ha decidido dar carpetazo al asunto y no recurrir la sentencia que le desautoriza. No ha seguido defendiéndonos persiguiendo la verdad. Algunos se preocupan por la seguridad jurídica en España, y con razón. Pero les confesamos que, a estas alturas lo que nos preocupa hasta el tuétano es contestar a la siguiente pregunta: ¿Quién protege en España, en estos momentos, nuestra libertad, nuestros derechos civiles y nuestra convivencia democrática?
Si (
No(
