La situación de crisis sanitaria está afectando, y mucho, a los pequeños y medianos Despachos, sobre todo aquellos cuyo volumen de trabajo es procesal. La paralización de los Juzgados ha provocado que muchos de ellos tengan balances muy negativos y por tanto, pérdidas importantes, que han obligado incluso a cerrar despachos.
En mi humilde opinión, ninguna.
La litigiosidad se ve incrementada en general. Son numerosos los ciudadanos que han tenido que judicializar controversias derivadas de sus alquileres, cuestiones laborales, así como reclamaciones por daños personales y económicos como consecuencia del covid. Además, se ha unido la cantidad de recursos interpuestos como consecuencia del estado de alarma y limitación de derechos fundamentales.
Los tiempos en la Administración de Justicia siempre fueron su talón de Aquiles. Lógicamente, ahora, son numerosos los retrasos y atascos, o como se quiera denominar. A modo de ejemplo, esta semana me han notificado un Auto de un procedimiento iniciado en el año 2018, cuyo primer Fundamento de Derecho ha sido la expresión directa del juzgador quejándose de la falta de medios materiales y humanos, provocando un gran colapso.
Como es lógico, los abogados somos personas, y el desgaste emocional originado por el periodo de confinamiento se suma al resto de daños que ha causado la pandemia
El modelo del teletrabajo es válido, pero no es el idóneo. Es decir, puede sustituir ciertas prácticas de los abogados de empresa, gestorías, etc., pero, muy complicado de aplicar a los procesos judiciales así como en las relaciones personales entre cliente y abogado, por la inmediatez que tiene la presencia física.
La morosidad es el gran lastre del abogado. La gente en ningún momento piensa en acudir a una panadería, pedir una barra de pan, y decir que paga mañana. La situación de crisis es más que evidente. El cliente que acude al despacho con algún problema que deriva de esta situación, tiene problemas económicos y le cuesta mucho aceptar los honorarios presupuestados en la Hoja de Encargo.
Los poderes públicos tienen que dotar de medios a la Administración de Justicia con medios personales y medios materiales. La situación de la oficina judicial en muchos casos es caótica, con los consiguientes perjuicios que tiene para los profesionales y en mayor medida para los justiciables.
Si (
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