Para comprender la importancia de lo que está sucediendo hoy en una región en el cruce entre Europa y Asia, es necesario recordar los orígenes del conflicto. El enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán, surgido a finales de la época soviética, desencadenó una guerra a gran escala, a principios de la década de 1990. Para la fecha del establecimiento del alto el fuego, en 1994, las fuerzas armenias habían ocupado la región de Karabaj y siete distritos circundantes, lo que representaba casi el 20 % del territorio internacionalmente reconocido de Azerbaiyán. Más de 700.000 azerbaiyanos fueron desplazados forzosamente de sus hogares. A pesar de cuatro Resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU que exhortaban la retirada incondicional de las fuerzas de ocupación, el statu quo persistió durante casi tres décadas, acompañado de agresiones periódicas y fallidos esfuerzos de mediación.
Esta prolongada ocupación, más que una disputa territorial abstracta, fue el núcleo del conflicto. El derecho internacional fue inequívoco al respecto. Lo confirmó posteriormente la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el Caso de Chiragov y otros contra Armenia, que declaró a Armenia responsable por ejercer su control efectivo sobre los territorios ocupados. A pesar de esto, el proceso diplomático se estancó, dejando a Azerbaiyán con pocas perspectivas de restaurar su integridad territorial mediante negociaciones. Como resultado de la Segunda Guerra de Karabaj en 2020 y el desmantelamiento del régimen separatista, en septiembre de 2023, la situación cambió, poniendo fin a la fase militar del conflicto. Desde ese momento, los acontecimientos entre Armenia y Azerbaiyán han apuntado inequívocamente hacia la paz en lugar de caer en una nueva confrontación. En marzo de 2025, ambas partes anunciaron la finalización de las negociaciones sobre el texto del Tratado para el Establecimiento de la Paz y las Relaciones Interestatales. En el mismo, Armenia reconoció oficialmente la integridad territorial de Azerbaiyán, incluyendo la región de Karabaj, anteriormente ocupada. De esta forma confesaba en cierta forma que había mantenido la región durante treinta años bajo un control ilegal y que esta circunstancia había sido una de las causas principales del conflicto.
Bajo la mediación de los Estados Unidos, en agosto de 2025, ambos países firmaron la Declaración Conjunta, en la cual reafirmaban su compromiso con la normalización de la situación rubricando el texto del Tratado de Paz. Después de esto, se han acordado medidas prácticas para fomentar la confianza mutua entre ambas partes: negociaciones sobre la delimitación y demarcación de fronteras, la facilitación recíproca del tránsito comercial, el suministro de productos petrolíferos a Armenia a través de canales azerbaiyanos, por primera vez en décadas, y conversaciones sobre la reapertura de las rutas de conectividad regional, incluido el corredor TRIPP. Estos no son meros gestos simbólico, sino indicadores tangibles de que la lógica de la confrontación está siendo reemplazada por la de la coexistencia pacífica.
En este contexto, algunos medios occidentales, incluidos los españoles, están difundiendo narrativas cada vez más alejadas de la realidad. La cobertura reciente en medios como El País, amplificada por grupos de defensa de la diáspora, ha enmarcado las acciones de Azerbaiyán después de 2023 bajo la lente de la limpieza étnica, la represión política y la desestabilización deliberada. Estas afirmaciones a menudo se presentan sin explicar el contexto, se basan en fuentes selectivas y están desconectadas de las conclusiones verificadas por instituciones internacionales careciendo de rigor y objetividad. Además, ahora, estas informaciones inoportunas, lejos de contribuir a la reconciliación, corren el riesgo de reintroducir narrativas maximalistas en un momento en que el compromiso es políticamente costoso, pero estratégicamente necesario para ambas partes. Dejemos pues que ambos países continúen trabajando por la paz, y en todo caso, desde Europa contribuyamos precisamente a esto.
Estas acusaciones tienen lugar en un momento particularmente problemático y curiosamente se solapan con las políticas de Rusia hacia Armenia y Azerbaiyán, que históricamente se han basado en la estrategia de "divide y vencerás". Armenia se encamina hacia las elecciones parlamentarias de junio de 2026, un período que tradicionalmente agudiza la polarización interna. Las fuerzas de la oposición respaldadas por Rusia han rechazado abiertamente el proceso de paz, presentando la normalización con Azerbaiyán, mediada por Occidente, como una capitulación y exigiendo la revocación de los acuerdos alcanzados mediante los buenos oficios ejercidos por la UE y Estados Unidos durante los últimos tres años. Las narrativas externas que retratan a Azerbaiyán como irremediablemente hostil o criminal fortalecen las posiciones de una línea dura dentro de Armenia contrarias al acuerdo y debilitan a las fuerzas reformistas comprometidas con la paz. Así mismo, estas actitudes pueden complicar el entorno político para el compromiso en Ereván y favorecen al Kremlin.
Una de las acusaciones más frecuentes son las acusaciones de limpieza étnica, tras el colapso del régimen separatista en Karabaj, en septiembre de 2023. Según esta versión, la restauración de la soberanía de Azerbaiyán tuvo como consecuencia la expulsión forzosa de la población armenia. Sin embargo, esta afirmación no se sostiene si hacemos un análisis profundo. El 21 de septiembre de 2023, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, durante el periodo de colapso de la entidad separatista en Karabaj, cuando se dirigió a los armenios de la región, los animó a permanecer en Karabaj, asegurando que “según nuestra valoración, no existe una amenaza directa para la población civil de Nagorno Karabaj”. Estas declaraciones no fueron concesiones retóricas, sino evaluaciones de facto, realizadas al más alto nivel político de Armenia.
Las conclusiones internacionales respaldan esta afirmación. Una misión de investigación de las Naciones Unidas, llevada a cabo en la región después de septiembre de 2023, no encontró ningún fundamento que venga a corroborar las presuntas acusaciones de limpieza étnica. La misión de la ONU confirmó que los civiles no fueron sometidos a violencia y que el acceso humanitario estuvo disponible durante dicho período. A pesar de que el éxodo de los armenios de Karabaj fuera profundamente doloroso, esta circunstancia por sí sola no constituye una limpieza étnica conforme al derecho internacional. La distinción es importante, sobre todo cuando dicha terminología se utiliza para deslegitimar todo un proceso de paz.
A pesar de ello, algunos medios de comunicación occidentales continúan vertiendo viejas acusaciones con motivaciones políticas. Las protestas de organizaciones de la diáspora contra las visitas oficiales a Azerbaiyán, como las recientes críticas dirigidas a la presidenta del Congreso de los Diputados por visitar el Monumento a la Victoria en Bakú, demuestran cómo los actos simbólicos se interpretan como un supuesto respaldo a presuntos crímenes. Este relato a menudo ignora que dichas visitas se producen en el marco de unas relaciones diplomáticas reconocidas y en paralelo a la continua colaboración con Armenia. También se omite el hecho de que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores fue informado de la visita y la ha apoyado, lo que subraya su legitimidad según la práctica diplomática internacional. Que además Bildu (el partido político separatista heredero de ETA) haya solicitado una investigación interna sobre la visita que la presidenta del Congreso que se abra una investigación interna sobre el reciente viaje de Francina Armengol a Azerbaiyán y sobre los actos que llevó a cabo allí, anunciado que preparará también una batería de preguntas al gobierno en este sentido, vienen sin duda a reafirmar mis ideas presentes en este artículo. En prensa, así como en política, no todo vale y no se puede mezclar “churras con merinas”.
En términos más generales, estas argumentaciones reflejan un doble rasero persistente en los enfoques occidentales para la resolución de conflictos. La responsabilidad es indispensable en algunos conflictos y es un obstáculo en otros. En el caso Armenia-Azerbaiyán, los hechos legalmente establecidos, así como la responsabilidad de Armenia por la ocupación, el desplazamiento masivo de azerbaiyanos después de la misma, y la destrucción del patrimonio cultural, se difuminan con frecuencia. La responsabilidad se presenta como algo negociable. Sin embargo, es un asunto ya determinado por el derecho internacional. Este enfoque selectivo no sólo distorsiona la constatación histórica, sino que también erosiona la confianza en la neutralidad de los actores externos que como EE. UU. y la UE se encuentran alentando el proceso de paz.
Si los países occidentales realmente buscan una paz duradera en el Cáucaso Sur, deberían alinear sus narrativas con hechos verificados, apoyar los esfuerzos de mediación en curso y abstenerse de un lenguaje que aleje las posiciones en lugar de acercarlas. Después de treinta años de hostilidad, Armenia y Azerbaiyán finalmente avanzan hacia la paz. Ese proceso merece un apoyo cuidadoso. Una distorsión descuidada es inaceptable y puede tener consecuencias muy perniciosas para una consecución definitiva de la paz, que garantice una convivencia entre ambos países y una estabilidad en la región que contribuya al desarrollo e integración de esta. Que la región de Asia Central se interconecte y trabaje junta, así como esta con el Cáucaso Sur, es de vital importancia para Europa para garantizar la tan necesaria autonomía estratégica energética. A este esfuerzo, también debe contribuir España defendiendo una política europea caracterizada por un realismo político basado en valores en respuesta a un escenario internacional caracterizado por una gran incertidumbre y una enorme volatilidad.
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