Movilización y triple ofensiva popular
La triple ofensiva del PP, en la calle, el parlamento, los tribunales e incluso el cónclave de Presidentes autonómicos, intenta hacer frente a la “decadencia institucional” del gobierno, las continuas causas judiciales abiertas y la práctica de una “guerra sucia” contra la UCO. La sexta manifestación del partido de Feijoo, bajo el lema de "Mafia o democracia”, reúne de nuevo a los expresidentes Aznar y Rajoy además de sus barones y presidentes autonómicos poniendo a prueba su capacidad de movilización. Ya lo hicieron en las últimas protestas contra la amnistía y las cesiones del ejecutivo al independentismo, sin contar en esta ocasión con la presencia de VOX, cuyo presidente considera una estafa más del Partido Popular que, con su “pacto en Bruselas” sostiene a Pedro Sánchez en la Moncloa. Según Abascal que ni él ni nadie de su partido acudirán a la llamada de Feijóo para aplaudirle en un mitin.
En el Congreso, tanto PP como VOX exigen la comparecencia de Sánchez, así como la del ministro Bolaños, para explicar la “trama presuntamente delictiva de personas cercanas al Gobierno”. A ello se suman ERC, Podemos y SUMAR para acabar con un silencio del Presidente de cuarenta días sobre un caso que “apesta a cloacas del Estado”. La vicepresidenta Yolanda Díaz considera que la “corrupción y los esperpentos” no son compatibles con la democracia, por lo que también conmina al PSOE a dar explicaciones. La maniobra dilatoria de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aplaza hasta julio -ya en periodo de sesiones extraordinario- la presencia de Sánchez para pronunciarse sobre la "conspiración mediático policial", como la califica el portavoz socialista Patxi López.
Contra el rearme y la militarización
Como anticipo a la gran marcha contra la cumbre de la OTAN en Bruselas, la izquierda coligada o crítica con el Gobierno se moviliza también contra el rearme del ejecutivo y el aumento del gasto militar en España y la inversión prevista para gastos de Defensa por encima del 2% que la organización atlántica junto a la UE elevan ya al 5%. La protesta, impulsada por la Asamblea madrileña contra el Rearme y la Militarización, aglutina a decenas de organizaciones y partidos, y en especial el movimiento Sumar de la vicepresidenta del ejecutivo, con el impulso de Izquierda Unida y de Podemos liderado por Ione Belarra. Esta última formación hace un llamamiento a la “insumisión” contra las políticas de defensa que supondrán una inversión adicional de 10.500 millones y el plan de Bruselas de movilizar hasta 800.000 m. para el rearme europeo.
Conferencia de Presidentes
Los Presidentes Autonómicos del PP mantienen en Barcelona -con traducción simultánea de las lenguas cooficiales- un frente común de sus doce comunidades en contra de la condonación de la deuda a la carta, del denominado 'cupo catalán' y con la exigencia de una nueva financiación. El Gobierno trata de evitar un nuevo choque institucional con su propuesta de triplicar la financiación compartida de viviendas -hasta 7.000 millones entre el Estado (4.000) y las CC.AA. (3.000)-, así como blindar la protección de vivienda pública de por vida. Los populares desacreditan el intento de desviar la atención del ejecutivo de los asuntos que le rodean, al tiempo que le apremian para derogar una ley de vivienda que ha “destrozado” aún más el mercado inmobiliario, así como "desbloquear" la ley antiokupación aprobada por el PP en el Senado hace más de un año.
La imposición exigida por los presidentes territoriales con hasta 14 asuntos en el orden del día difumina otros asuntos de calado como la inversión en infraestructuras para afrontar el ‘caos ferroviario’, la crisis migratoria o las competencias en materia de fronteras exclusivamente del Estado. Ello, además de abordar la actualización de entregas a cuenta y la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda o la financiación del primer ciclo de educación infantil. El ejecutivo descarta, al menos, plantes pasados como el de las siete comunidades populares en el último conclave del Consejo de Política Fiscal.
El Constitucional acelera la amnistía
La ponencia del Tribunal Constitucional considera compatible con la Constitución la concesión de una amnistía al procés de Cataluña que derivó en las leyes de desconexión, el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia en 2017. El texto provisional evita pronunciarse sobre la malversación que afecta al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuya decisión corresponde a la justicia ordinaria, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en lugar de a la corte de garantías institucionales. El TC justifica que Sánchez hizo la amnistía por "interés general” al buscar una “mejora de la convivencia y cohesión social” para promover la “reconciliación nacional”, pese a considerar que los juicios de oportunidad política “quedan a extramuros” del control del tribunal.
Constitucionalistas y expertos jurídicos consideran que la realidad es “terca” y la Constitución “no contempla la amnistía” (Tomás Ramón Fernández), mientras que el hecho de que la Carta Magna prohíba expresamente los indultos generales es razón suficiente para entender que implícitamente también la amnistía está prohibida (Enrique Gimbernat). Teresa Feixes percibe en la precipitación de la ponencia la intención de condicionar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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