Ritter subrayó además que la interpretación de la normativa europea corresponde exclusivamente al Tribunal de Justicia europeo: "Creemos que, al fin y al cabo, la interpretación de un reglamento europeo solamente la puede hacer la Corte de Justicia". "La situación que tenemos con relación al Estado de derecho es exactamente que, en el caso de que existan sospechas de corrupción, de acuerdo con el principio de legalidad, evidentemente, la Fiscalía tiene que actuar", afirmó Ritter.
El responsable del órgano europeo recordó que, en algunos casos, la intervención de la Fiscalía Europea debe ir más allá de las estructuras nacionales. "Cuando se trata de un asunto de competencia entre los Estados miembros y la Fiscalía Europea, tiene que haber un mecanismo de decisión que vaya por encima del Estado nacional. Y es lo que hemos dicho en ciertas ocasiones, cuando ha habido un conflicto de competencia", explicó.
Montserrat puso de relieve que los dos números dos de Pedro Sánchez —y uno de ellos también ministro de Transporte— fueron los cabecillas de una trama de corrupción que la propia Guardia Civil ha calificado como “organización criminal” que llevó a cabo “fraude, comisiones ilegales, mordidas millonarias, sobornos, prostitutas y, probablemente, afectaron fondos europeos.
La eurodiputada también vinculó al presidente del Gobierno con lo que consideró un deterioro del Estado de derecho en España. "Sánchez es el responsable del deterioro institucional y de los ataques al Estado de derecho en España", denunció.
En ese sentido, acusó al Ejecutivo de instrumentalizar la justicia: "Ustedes saben que ha convertido al Fiscal General del Estado en brazo político del gobierno. Como saben, este fiscal está procesado por eliminar pruebas y revelar información secreta para destruir un rival político", remató.
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