En su resolución, el instructor fija una cantidad de 1.173.333 euros para asegurar las responsabilidades civiles con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que los acusados no depositen esa fianza en el plazo de 3 días. A partir de este jueves, las defensas tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.
Fue en junio de 2024 cuando el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo entre otros por delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos. El magistrado, en un extenso auto de 268 páginas, puso fin a la instrucción de esta línea de investigación, la número 9, del conocido como caso Villarejo.
El instructor relataba entonces que el inicio de los hechos surgió con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de policía Julio Corrochano en septiembre de 2002. Dicha contratación contó con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.
El juez explicaba cómo el primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías, lo que le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas de seguridad tuviesen acceso.
En el auto, el juez también envía a juicio al que fuera comisario de policía y ex jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano; Eduardo Arbizu, el que fuera jefe de los servicios jurídicos de la entidad durante 20 años; Antonio Béjar, ex director de Riesgos del banco; José Manuel García Crespo, antiguo responsable jurídico del grupo y Eduardo Ortega Martín, director de los Servicios Jurídicos Contenciosos de BBVA durante una época. También figuran entre los acusados el ex consejero delegado del banco Ángel Cano y el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari.
«Conociendo Julio Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo CENYT, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo», señalaba.
Lo que el mismo, indicaba el juez, «dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo».
A raíz de ello, concluyó el juez, se firmaron una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas.
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