En primer lugar, la nueva normativa adaptada al Reglamento europeo permitirá agrupar a los inversores en vehículos para facilitar la financiación de empresas. Hasta ahora los pequeños inversores debían invertir directamente en la startup, lo que provocaba que hubiera en algunos casos hasta un centenar de inversores distintos en una misma sociedad. Esto dificultaba mucho la operativa para realizar próximas operaciones como ampliaciones de capital debido a la complejidad del cap table. A partir de ahora, las plataformas pueden crear una sociedad (SL o cualquier otra tipología, siempre que sea aceptada por un país europeo) que tenga como finalidad invertir en la startup. La plataforma de inversión tiene la capacidad de crear estas sociedades para acudir al capital de la nueva compañía como una única entidad jurídica.
En segundo lugar, las plataformas de financiación participativa como Dozen podrán solicitar un pasaporte europeo gracias al cual tendrán capacidad para operar dentro del mercado común. De esta forma, tanto sociedades nacionales como internacionales tendrán capacidad de financiar proyectos en España y en el resto de Europa. Hasta el momento actual, existían muchas trabas burocráticas que dificultaban mucho operar de forma supranacional. Esto frenaba la llegada de VC europeos, lo que limitaba las oportunidades para muchos emprendedores, pero también hacía dificil que plataformas españolas respaldaran proyectos del mercado común europeo.Por otro lado, con la actualización de la norma al Reglamento europeo, el importe máximo que puede captar una startup en 12 meses se eleva a 5 millones de euros sin importar el tipo de inversor que acuda a la financiación.
Además, a partir de ahora se permite a las plataformas tener un tablón de anuncios donde los inversores puedan indicar su interés en vender participaciones, aunque la operación deberá hacerse entre comprador y vendedor. De la misma manera, se permite, aunque sólo en el caso de préstamos, que el inversor defina unas características de proyectos y la plataforma le invierta directamente el dinero.Ramón Saltor, cofundador y CEO de Dozen Investments ha participado como interlocutor de las plataformas y como vocal de la vertical de crowdfunding de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) en la elaboración de la nueva norma: “Esta ley es un paso muy importante porque sitúa al mercado español al nivel regulatorio europeo. Aspectos incluidos en la Ley Crea y Crece que no estaban recogidos en la normativa anterior, como la vehiculización de inversores o el aumento de la inversión hasta los 5 millones de euros en 12 meses, evitan que las plataformas de otros países europeos tengan una ventaja competitiva frente a las españolas. Con el impulso de esta ley se resuelven los grises que quedaron abiertos en la ley anterior de 2015”.
El propio Ramón Saltor considera que la Ley Crea y Crece “actúa como estímulo para la inversión en proyectos nuevos, algo que beneficia por igual a plataformas de financiación participativa y a emprendedores. Las plataformas amplían su capacidad para operar en nuevos mercados y lo podrán hacer, además, con una legislación prácticamente homogénea en toda la Unión Europea. Esto funcionará como impulso para la creación de nuevas empresas, lo que conllevará la creación de nuevos puestos de trabajo cualificados”.
“Esta ley tiene como uno de sus propósitos potenciar los mecanismos de inversión en startups. Por eso, esta norma avanza de forma positiva en la regulación sobre la actividad de crowdfunding y se equipara con los reglamentos europeos más avanzados en esta materia. Esto se traduce en una ayuda a los inversores, especialmente a la entrada de capital procedente del extranjero. Hasta ahora, era muy difícil y poco atractivo coinvertir con venture capital extranjeros. De hecho, Dozen era la única plataforma en España que lo había conseguido. Ahora, las medidas adoptadas en la ley permitirán la llegada de esa inversión desde fuera al impulsar el pasaporte europeo, que permitirá operar de forma rápida en cualquier país del mercado común; y al facilitar que se acepten tipologías diferentes de sociedades siempre que estén en el marco regulatorio europeo. También es una ventaja para los propios emprendedores, ya que la aprobación de vehículos en todo el mercado común facilita y equipara las operativas de inversión en todos los países europeos”, explica Ramón Saltor.
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