Este acuerdo entre el gobierno del PSOE–UP y Bildu es una de las contraprestaciones exigidas por los abertzales para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, Oskar Matute, diputado de EH Bildu, aseguró que el acuerdo no es suficiente para asegurar su apoyo total en la aprobación de los PGE en el Congreso. De todos modos, sus cinco diputados sí votarán a favor de la tramitación de ley que impone estos impuestos sobre la facturación de la banca y las eléctricas.
Cabe resaltar que la recomendación de la Comisión Europea (y que muchos países de la UE han seguido) era gravar los beneficios y no la facturación en su conjunto, como prevé España de la mano de Bildu.
Esta situación ha sido causa de controversia en UPN, la oposición en Navarra. Su líder, Javier Esparza, señaló a María Chivite, presidenta de Navarra, como responsable de dejar vía libre a que “Bildu negocie en nombre de Navarra con el Gobierno de España cuestiones que afectan a nuestro régimen foral”, refiriéndose a esta cesión de competencias fiscales. Esparza califica de “error político” que Bildu gestione este tipo de competencias, dado que son partidarios de la independencia navarra y la anexión al País Vasco, y no de una Navarra propiamente foral. Bildu, añade, es “un partido que aspira y trabaja todos los días para la desaparición de Navarra”. Javier Esparza está seguro de que esta “mano blanda” se trata de una nueva estrategia de Chivite para permanecer en el Gobierno de Navarra y eximirse de negociar.
Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco pide negociar estos asuntos fiscales del mismo modo que lo hace Bildu. También ha entrado en escena La Rioja. La Presidenta de la Comunidad Autónoma y líder del PSOE en esta comunidad, Concha Andreu, aseguró que pediría al Gobierno de España una compensación para evitar el agravio de los beneficios extra que han conseguido las comunidades vecinas (Navarra y País Vasco).
Asimismo, Andreu argumentó que, si el País Vasco y Navarra terminan recibiendo ingresos por los nuevos impuestos temporales, demandará lo que “por Ley nos merecemos”, apunta ella. Con esto se refiere al artículo 46 del Estatuto de La Rioja (1982), el cual establece que esta comunidad debe recibir compensaciones del Estado por el “efecto frontera” con Navarra y el País Vasco.