Resultado de esta política económica e industrial fueron entes estatales como la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), la Empresa Nacional de Siderurgia (Ensidesa), la Empresa Nacional de Óptica, y muchas otras empresas en sectores clave como los fertilizantes, astilleros, y por supuesto, motores con Seat y Pegaso como mejores ejemplos. El Instituto Nacional de Industria propulsó la economía española hasta un lugar destacado entre las grandes potencias de su época (R.H, Mills, “El milagro español: Desarrollo y transformaciones de la economía española en el período 1959-1965”, Revista de economía política, Nº 46, 1967, pp. 261-273).
La clave es que entonces se planificaba a largo plazo, conducta que ni por asomo se observa en los dirigentes del Régimen del 78. Un ejemplo de ello lo encontramos en la política hidráulica. Entre 1940 y 1970 se decuplicó la capacidad de los embalses españoles -que pasó de 3,6 a 36,9 miles de millones de metros cúbicos-. En 1987 la capacidad ascendía a 42 al concluir las obras iniciadas durante el franquismo. Otro ejemplo de este éxito industrial lo tenemos en el sector naval español, que experimentó un crecimiento muy notable durante el tardofranquismo, en particular, durante los años del llamado “desarrollismo”, pasando de significar menos del 1% del tonelaje mundial construido en la primera mitad de la década de 1950, a representar más del 4% en la década de 1970, convirtiéndose en el cuarto productor mundial, por detrás de Japón, Alemania y Suecia. Actualmente, España ha caído al puesto 16º. El peso de la Industria en el PIB español era el doble que el de ahora.
Por más que le pese a la narrativa dominante del setentayochismo, los fundamentos de la prosperidad y bienestar económico de la sociedad española fueron sentados bastante antes del 78. De hecho, al finalizar el franquismo, el porcentaje de la clase media superaba el 56%, que fue precisamente lo que permitió el asentamiento definitivo de las coberturas posteriores de la Seguridad Social, el crecimiento económico estable y progresivo, el aumento exponencial de la educación universitaria y profesional, y el desarrollo de una poderosa industria de propiedad nacional, al mismo tiempo que las familias destinaban a la vivienda un porcentaje considerablemente menor del gasto familiar que en la actualidad.
Se podría argumentar que las desigualdades eran superiores en la España del franquismo que en la II República o con respecto a la actualidad, y que, por tanto, las clases populares en realidad no mejoraban su vida. Sin embargo, las cifras de desigualdad parecen indicar justo lo contrario. En un estudio que calcula las cifras de desigualdad en España se concluye que las desigualdades cayeron drásticamente en la primera fase de la dictadura y se mantuvieron estables a partir de 1958, a pesar del increíble aumento en el crecimiento económico (F. Alvaredo y E. Saez, “Income and Wealth Concentration in Spain in a Historical and Fiscal Perspective”, Journal of the European Economic Association, Vol. 7, Nº 5, 2009, pp. 1140–1167).
Lo que se desprende de lo anterior es que, a pesar de la propaganda institucional distribuida en las últimas cuatro décadas, la creación de riqueza en la segunda parte del régimen franquista (desde el año 1958 hasta 1975) fue mucho más acelerada que la creación de riqueza de la pretendida democracia actual o de cualquier otro régimen político en el último siglo y medio, manteniendo al mismo tiempo la soberanía efectiva de los recursos económicos y un mayor grado de igualdad social.
La estructura industrial que contaba España en los años 70 acabaría siendo desmantelada básicamente a cambio de entrar en “Europa” (1986). La “europeización” de España, pero también su “americanización” no podía compatibilizarse con la competencia española a las industrias estadounidenses, británicas, francesas y alemanas. De ahí que la contraprestación exigida por Bruselas a la homologación europea de España fuera la de efectuar las privatizaciones y liberalizaciones de los sectores estratégicos, operación ejecutada en los años 80 y 90 (como estudia ampliamente Joaquim Vergés, Las privatizaciones de Empresas Públicas en España, 5ª ed., 2013). En consecuencia, la pérdida de soberanía industrial de España fue brutal. Para hacerse una idea de la dimensión de este proceso, puede consultarse la memoria de empresas privatizadas por fechas, del Centro de Documentación y Archivo Histórico de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Lo mismo sucedió en materia energética, y en particular, con la política atómica o nuclear de España. Franco y su gobierno, más allá de su uso militar, tuvieron la previsión de comprender el enorme potencial del empleo pacífico de la energía nuclear y lo que esto podía representar en la resolución de los problemas energéticos de España. En este sentido, cabe recordar que la construcción de centrales nucleares en España comenzaría en 1965 con la de Zorita (en servicio desde 1968) y continuaría después con otras nueve, de las cuales, actualmente, solo funcionan cinco (con siete reactores en total): Almaraz I, Ascó I, Almaraz II, Cofrentes, Ascó II, Valdellós y Trillo. En 1975, España ya era en la 7ª potencia nuclear del mundo, solo por detrás de EE.UU., Reino Unido, Japón, Alemania Federal, la URSS y Francia.
Esto contrasta con la errática política energética del Régimen del 78, con su ruinosa suspensión de los programas de energía nuclear aprobados por el PSOE nada más llegar al poder en 1982. Las pérdidas de esta medida alcanzaron los 4.359 millones de euros, dadas las enormes inversiones que tuvieron que realizar las compañías eléctricas, y que ya no podrían recuperarse al ser anulados los permisos. La moratoria nuclear se consolidó finalmente en 1994 con la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico, impulsada por el gobierno del PSOE y que se prolonga hasta la actualidad, poniendo a la economía nacional ante un riesgo recurrente para satisfacer su demanda de energía de forma segura, barata y estable.
Cabe recordar que el Almirante Carrero Blanco había liderado el proyecto de la Central de Vandellós I, crucial para el desarrollo del programa de armamento nuclear, con tecnología francesa, que de haber perseverado en el tiempo hubiera permitido a España dotarse del plutonio de uso militar, como se describe en un informe de 1971 del Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN). En dicho informe se concluía que “España podía poner en marcha con éxito la opción nuclear militar” (El Mundo, “La bomba atómica que Franco soñó”, 10 de junio de 2001).
Al mismo tiempo, es sabido que Carrero Blanco mantenía una firme posición ante las injerencias extranjeras sobre España y que si los estadounidenses querían seguir usando sus bases militares en territorio español tenían a su juicio que entregar al país tecnología militar sofisticada y comprometerse a defender las fronteras españolas. Esta política soberana de España no gustaba nada en Washington. En efecto, como recoge Paul Preston, en su biografía Franco (Debate, 2022), el General había confesado a su primo que “todas las actividades que se han llevado a cabo contra nosotros han sido llevadas a cabo por organismos que recibían fondos de la CIA, pero más que nada, con el propósito de implantar en España un sistema político al estilo americano el día en que yo falte” (13 de marzo de 1967).
Ya en 1973, el mismo Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Nixon, sabía que “cuando España es poderosa, es peligrosa”, como así dijo en Madrid a Carrero Blanco apenas un día antes de que éste volara por los aires. Un asesinato atribuido a la ETA que todavía hoy contiene un gran secretismo, como han estudiado, entre otros, Carlos Estévez y Francisco Mármol, en Carrero: Las razones ocultas de un asesinato (2ª ed., Temas de Hoy, 1999), autores que se encontraron con la sorpresa de una férrea e inflexible "ley del silencio" por parte de los etarras, y eso a pesar de que, supuestamente, este atentado había sido el gran éxito de la banda terrorista (p. 249).
En esta línea, algunos autores apuntan a que Kissinger y la CIA estuvieron detrás del asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973. Pilar Urbano, en su obra El precio del trono (Planeta, 2011), apunta a que el explosivo usado en el atentado contra Carrero Blanco, el C4, era de proveniente del ejército norteamericano. Urbano sostiene su tesis en la oposición frontal del Almirante a la renovación del acuerdo con EE.UU. para el mantenimiento de las bases militares estadounidenses en suelo español, y al hecho de que en la década anterior Franco había estrechado lazos con la Francia de De Gaulle, en detrimento de Washington, avanzando en el desarrollo de un programa nuclear militar. Según Urbano, la CIA orienta a la ETA hacia Carrero Blanco a través de los servicios secretos del PNV que mantenían una comprobada relación con las agencias de seguridad de EE.UU., desde las vísperas de la segunda guerra mundial. La conexión se establecía mediante “personas de arraigada confianza para la CIA que eran también de arraigada confianza para ETA”.
El propio juez que investigó el caso confirmaría este planteamiento en 1984, diez años después del suceso, como se recoge en la entrevista que le hizo Interviú, “La CIA sabía que iban a matar a Carrero: sensacionales revelaciones del juez Luis de la Torre Arredondo que investigó el caso” (Nº 411, 1984, pp. 6-12). Por si esto no fuera suficiente, el 17 de septiembre de 1974, el ABC se hacía eco de una frase pronunciada por Herrero Tejedor en el discurso de apertura del año judicial: "No sólo ETA es responsable de la muerte de Carrero". Al tiempo que confirmaba la participación de la banda en el magnicidio, dejó caer que "no se descarta la participación de organizaciones distintas a ETA en el asesinato de Carrero Blanco". La repentina, y para algunos misteriosa, muerte de Herrero Tejedor en un accidente de tráfico en junio de 1975 sólo permite aventurar que el informe jurídico secreto que envió a Franco -al parecer muy extenso y detallado-, debía ir en esa línea de no creerse la versión oficial que se estaba dando sobre el atentado, como escribe María José Grench, “Las cloacas usan a ETA en el magnicidio de Carrero y el intento de asesinato de Luis del Olmo” (Libertad Digital, 20 de diciembre de 2011).
Asimismo, Ricardo de la Cierva, en ¿Dónde está el sumario de Carrero Blanco? (ARC Editores, 1996) da verosimilitud a los testimonios de Luis González-Mata, exespía que sostuvo en su libro, Terrorismo Internacional, la implicación de al menos dos equipos de inteligencia, uno español y otro extranjero (estadounidense) en el atentado, que conocían los preparativos de los etarras y fueron corrigiendo los errores para el éxito de la denominada Operación Ogro. Todo ello, ha sido recogido posteriormente por Ernesto Villar, en Todos quieren matar a Carrero (Libros Libres, 2011, pp. 78-83, 108-109, 135-137).
En cualquier caso, la eliminación de Carrero Blanco fue muy oportuna para determinados intereses, porque allanó el proceso político diseñado por Washington y financiado por diversas fuentes extranjeras. España ratificó al poco tiempo el tratado de no proliferación de armas nucleares y dio su aprobación a la planta de Ford en Almusafes. Más tarde, en noviembre de 1975, con Franco agonizando, se produciría la Marcha Verde, es decir, la invasión y posterior ocupación militar marroquí de la entonces provincia española del Sáhara. Para entonces, EE.UU. apadrinaría al rey Juan Carlos para conducir la transición imponiendo los intereses de su política exterior.
Uno de los principales artífices de la inteligencia norteamericana de aquella época, Vernon Walters, director adjunto de la CIA, en Misiones discretas (Planeta, Barcelona, 1981), según recoge Alfredo Grimaldos, en La CIA en España (Debate, 2006), ya deja bien claro cuál sería el designio de España dentro de los esquemas de la política exterior de EE.UU., puesto que, “una España hostil, dueña del estrecho de Gibraltar, podía dificultar en gran manera la presencia de la VI Flota de los Estados Unidos en el Mediterráneo y, por ende, el apoyo a Italia, Grecia, Turquía e Israel. Tanto si se quiere como si no, entonces al igual que hoy, la posición estratégica de España era crucial, más aún, indispensable para todo tipo de defensa de Europa y de Oriente Medio”.
La misma idea viene a recoger en sus memorias el general Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre, agente de los servicios secretos de Carrero y enlace con la CIA: “No es verdad todo lo que se ha dicho de la transición. Como eso de que el rey fue el motor del cambio. Ni Suárez ni él fueron motores de nada, sólo piezas importantes de un plan muy bien diseñado y concebido al otro lado del Atlántico. Todo estuvo diseñado por la Secretaría de Estado y la CIA. A los norteamericanos sólo les hemos interesado por nuestra posición estratégica. Estados Unidos quería tener la seguridad de que, con el final del franquismo, aquí no iba a pasar nada que estuviera fuera de su control. Los ejecutantes del atentado contra Carrero son etarras, eso está claro, pero ¿quién lo pone en marcha? Quizá alguien pensó en la CIA que Carrero podía ser un obstáculo y era mejor suprimirlo” (Una vida revuelta. Vivencias de un general singular, Península, 2011).
Dicho esto, y a los efectos que ahora nos compete, la Transición facilitó la adopción de medidas para desvencijar la política industrial y energética de España, por parte de los primeros gobiernos del Régimen del 78. La España democrática se modeló económicamente al gusto de estadounidenses y británicos, pero también en protección de los intereses de las industrias alemanas y francesas. Los fondos de Bruselas fueron destinados, principalmente, para mejorar las infraestructuras, potenciando la dimensión turística y de servicios de España, pero causando un tremendo paro estructural en muchas regiones españolas. La temporalidad y precariedad laboral que la economía española sigue arrastrando tiene su origen en ese cambio de modelo productivo sin un planteamiento largoplacista.
El PSOE sería el instrumento elegido para operar esta subordinación de España a los intereses externos, bajo la conducción de los servicios secretos norteamericanos y la socialdemocracia alemana, que como relata Alfredo Grimaldos, en La CIA en España, “se turnan celosamente en la dirección de la Transición española, con dos objetivos: impedir una revolución tras la muerte de Franco y aniquilar a la izquierda comunista. Este fino trabajo de construir un partido «de izquierdas», para impedir precisamente que la izquierda se haga con el poder en España, es obra de la CIA, en colaboración con la Internacional Socialista” (pp. 145-146).
En efecto, como asevera Grimaldos en la introducción de su obra La CIA en España: “La CIA interviene en la instalación de las bases militares estadounidenses en nuestro suelo, la transición del franquismo a la Monarquía, el golpe de Estado del 23-F o la definitiva integración del Estado español en la estructura de la OTAN. La permanencia de la dictadura franquista, durante casi cuatro décadas, y la evolución controlada hacia un sistema parlamentario están condicionadas por la actividad de los espías norteamericanos” (p. 11). El romance de Adolfo Suárez con los norteamericanos se terminaría cuando el presidente español quiso aspirar a más de lo asignado para él en el guion, de ahí que, al resistirse a echarse un lado, se deteriora su relación con Washington, precipitando su caída y el 23-F (pp. 28-29).
Efectivamente, como explica también Ismael Carvallo Robledo, en su artículo “El mito de la Transición democrática española: la CIA en España” (Revista El Catoblepas, Nº 89, 2009), puede concebirse que los principales elementos que sientan las bases del Régimen del 78, la figura del Rey Juan Carlos, el PSOE salido del Congreso de Suresnes, Isidoro (Felipe González) y el 23-F, son todas ellas “piezas de una matriz estratégica diseñada desde el Departamento de Estado norteamericano y desde la CIA, cuya disposición no responde a un plan maestro general preconcebido y calculado, sino que aparecen más bien como derivaciones dialécticas cuya necesidad de operación e implementación se iba dando al compás del despliegue de acontecimientos políticos determinados”.
El Régimen del 78 tiene su apogeo con el ingreso de España en la OTAN y el triunfo electoral de González en 1982, que llega al gobierno habiendo sostenido oportunamente una posición contraria a la OTAN, como era el sentir de la mayoría de la sociedad española en aquel entonces. Es el PSOE el que tutela el cambio de mentalidad social, para consumar el proceso con el referéndum sobre la permanencia de España en el Tratado de la Alianza militar y la adhesión en la UE, en 1986. Ambas jugadas ponen enteramente la economía española subordinada a los intereses de Washington y Bruselas. Por tanto, no por casualidad, durante los últimos 40 años, España ha crecido muy por debajo de su potencial, menos del 1,5% de media, frente al 6,6% que se dio entre 1950 y 1975.
* La primera parte: “Policrisis del Régimen del 78 (I)” (El Mundo Financiero, 13 de octubre de 2023)
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/112621/sociedad/policrisis-del-regimen-del-78-i.html
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