El cambio climático está provocando que cada vez los fenómenos hídricos sean más extremos, y pienso que habría que llegar a un acuerdo entre Gobierno y oposición para construir una red de canales y trasvases que nos permita repartir el agua de nuestros ríos, a fin de que se aproveche mucho mejor de lo que se hace en la actualidad, modificando en su caso la legislación en materia de transferencia de competencias a las CCAA, especialmente en aquellas cuencas fluviales que pasan por varias CCAA, en las cuales el Estado tendría que tener la última palabra.
Sabemos que en materia hídrica hay dos Españas, la del noroeste y la del sureste. Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería necesitan mucha más agua, mientras que Castilla-La Mancha y el resto de Andalucía también la necesitan, aunque en menor medida. El río Ebro tiene que ser la base de la nueva regulación, y no sólo para pasar agua al Tajo y desde ahí a las zonas del sureste, porque, que yo sepa, en Los Monegros tampoco sobra agua. Hay muchas zonas de Aragón que también sufren de desertización y que podrían ser cultivables con un adecuado sistema de canales y acequias.
Lo que se está proponiendo es un Plan Integral español de uso de aguas fluviales, en el que se mire por el interés de todos los españoles y no sólo de los de determinadas zonas, en las que, en el fondo, se invoca la pertenencia al terruño como medio para lograr sumar más votos, lo cual no es otra cosa que populismo anacrónico, el cual debe ser evitado, si queremos ser de verdad una única nación.
Obviamente, es preciso evaluar los costes de esta gran infraestructura de distribución de agua dulce y llegar a ese acuerdo entre PP y PSOE para que la construcción, que llevaría varias legislaturas, se pueda llevar a cabo sin que se produzcan parones por motivos políticos (recordemos los quince años que lleva la operación Chamartín en Madrid sin empezar las obras, por confrontaciones entre los dos principales partidos). En este caso estamos hablando más que en otras ocasiones de una razón de Estado, de una infraestructura que servirá no sólo para esta generación, sino para generaciones futuras, y que estimo que es preciso priorizar, puesto que una España en la que una parte de los ciudadanos beba y la otra no, no es un país vertebrado como debería serlo, tal y como denunciaba en su día Ortega y Gasset.
Mucho más que asistir a sesiones parlamentarias que generan vergüenza ajena, nuestros políticos deberían preocuparse por el bienestar presente y futuro, y por distinguir entre gasto e inversión, ya que el reparto de cheques puede que sea necesario para atender en el corto plazo a la población vulnerable, pero el crear una infraestructura hídrica moderna y racional es una inversión que generará muchos ingresos en el futuro, convirtiendo, aún más, a nuestras huertas en el granero de hortalizas y frutas de Europa, aspecto con el que difícilmente pueden competir nuestros socios europeos, con el clima gélido que tienen buena parte del año.
El establecimiento de la red de canales y trasvases que se propone no es un incremento de gasto público sin más, puesto que generará muchos miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y luego habrá también varios miles de puestos de mantenimiento de las instalaciones, control de calidad de las aguas, etc., y una vez diseñada esta red, se podrán establecer las necesidades adicionales de estaciones de desalación de agua marina, para complementarla, de forma y manera que la escasez de agua deje para siempre de denominarse la “pertinaz sequía” que se decía en los medios periodísticos en la época de Franco que, por cierto, alguna cosa sí hizo bien, con la construcción de los pantanos en los años cincuenta.
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