Asimismo, recurrirá cualquier decisión del Consejo de Ministros, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Junta de Inversiones Exteriores que impida a los accionistas ejercer su legítimo derecho de venta en un proceso de oferta y que no se ajuste a la Ley o que resulte arbitrario/injusto u obedezca a razones políticas o ideológicas, recordando que las decisiones de las administraciones públicas no pueden resultar arbitrarias, tal como establece la propia Constitución Española.
Para AEMEC, el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, permite la suspensión del régimen de liberalización cuando las inversiones afecten a la salud, seguridad y orden público y que el objeto social de TALGO nada tiene que ver con las anteriores materias por lo que el procedimiento de autorización iniciado por el gobierno no se ajusta a la Ley, pues no se dan los supuestos legalmente establecidos para la suspensión de la OPA.
AEMEC defenderá los derechos de los más de 8.000 accionistas de TALGO que se encuentran en una situación de evidente indefensión ante la limitación de una oferta voluntaria efectuada por un grupo empresarial de la Unión Europea e iniciará las acciones que correspondan tanto en vía administrativa, contencioso-administrativa, civil y la penal, para resarcir los daños que se produzcan a los accionistas.
El desarrollo de la aprobación de la OPA, con un procedimiento de inversión directa extranjera en España que fue iniciado hace seis meses, ha perjudicado a los accionistas de TALGO, que ven como la incertidumbre sobre el futuro de la sociedad afecta a sus grupos de interés. Esto incluye a entidades financiadoras, clientes en la ejecución de la cartera de proyectos y nuevos posibles clientes, así como proveedores.
Los accionistas de TALGO defienden su derecho a vender o no vender en una OPA, sin que se conculquen sus derechos. En el interés social de la compañía, la única oferta real existente debe ser valorada por los accionistas de TALGO. De esta forma, una OPA admitida a trámite por la CNMV y que cuenta con un aval bancario, habiendo recibido el apoyo del consejo de administración y los bancos financiadores de la sociedad, no debe ser hurtada a los más de 8.000 accionistas de TALGO.
Si (
No(
