Este caso gira en torno a un acuerdo de la época colonial de 1878, en el que los británicos acordaron pagar una indemnización al sultán de Sulu a cambio del control de lo que hoy es la provincia malasia de Sabah. Tras la independencia de Malasia, este país siguió realizando los pagos, pero los suspendió en 2013 tras una invasión armada de Filipinas que se saldó con al menos 60 muertos.
Una prueba para el sistema de arbitraje
En 2022, un juez de arbitraje español concedió a los supuestos herederos del sultán de Sulu una indemnización de 15 000 millones de dólares. El arbitraje cuenta con el respaldo financiero de Therium, un fondo de litigios con sede en el Reino Unido que, según se informa, invirtió más de 20 millones de dólares en el caso. Este tipo de financiación por terceros está suscitando cada vez más recelos tanto en los Estados Unidos como en la UE, donde se está preparando legislación para restringirla. Esto se hace eco de las preocupaciones que surgieron en el caso Sulu.
Un aspecto verdaderamente notable de este caso es que el juez de arbitraje español que dictó el laudo, Gonzalo Stampa, fue posteriormente condenado a seis meses de prisión por trasladar el caso de Madrid a París, al considerarse que había violado una orden judicial española. Malasia también impugnó con éxito el laudo, obteniendo así una serie de victorias legales.
Una de ellas fue que, en noviembre de 2024, el Tribunal Supremo francés dictó una sentencia decisiva que supuso un importante punto de inflexión. Confirmando la sentencia del Tribunal de Apelación de París, el tribunal concluyó que el tratado colonial de 1878 en el que se basaba el caso era fundamentalmente incompatible con las normas modernas de arbitraje.
Tras un examen minucioso, los jueces franceses analizaron la cláusula de arbitraje del tratado, que estipulaba que cualquier controversia futura debía ser resuelta por un árbitro que comprendiera los intereses de los colonialistas británicos. El árbitro designado en el acuerdo era el cónsul general británico en Brunei, un cargo que dejó de existir en 1984. El equipo jurídico de los Sulu argumentó que otro árbitro podía sustituir al funcionario colonial desaparecido, pero el tribunal rechazó esta opinión.
Los jueces franceses dictaminaron que la cláusula era inseparable de la confianza única de las partes en el cónsul general, lo que hacía imposible que otro árbitro desempeñara la misma función. Si bien este resultado socava significativamente la indemnización arbitral de 15 000 millones de dólares concedida inicialmente a los herederos del sultán, no elimina automáticamente la carga financiera y jurídica que Malasia ha soportado durante casi una década.
A medida que el pago se aleja cada vez más, los abogados de los sulus y sus patrocinadores financieros parecen estar presentando una última reclamación ante el CIADI para recuperar las pérdidas. El 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París celebrará otra vista clave en el caso. La anulación total del laudo sigue siendo una posibilidad. Al menos así lo considera la profesora Caroline Kleiner, de la Universidad de París Cité, que lo ve casi inevitable. Esto demuestra que es mejor confiar en un sistema que funciona, por imperfecto que sea.
Ignorar las pruebas estadísticas
No obstante, la oposición política al arbitraje va en aumento. La resistencia de la UE al arbitraje se ha institucionalizado cada vez más, como se ha visto en la sentencia Achmea de 2018, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que el arbitraje intracomunitario violaba el Derecho de la UE.
Más recientemente, la UE se ha volcado en contra del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un pacto de la década de 1990 diseñado para proteger las inversiones extranjeras en energía. Ante la avalancha de demandas de arbitraje, especialmente de inversores en energías renovables en España, la UE ha considerado cada vez más las disposiciones del ISDS como un obstáculo. En junio, 26 Estados miembros acordaron una declaración conjunta en la que declaraban estas disposiciones no aplicables dentro de la UE.
Este cambio de postura se debe en gran medida a la presión política. Por ejemplo, la región belga de Valonia bloqueó la ratificación del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la UE por motivos relacionados con el arbitraje. El compromiso final dio lugar a la creación de un nuevo sistema de tribunales de inversión integrado por jueces permanentes, en lugar de árbitros designados por las partes.
En el centro del debate se encuentra la idea, cada vez más extendida, especialmente entre la izquierda, de que el arbitraje favorece injustamente a las empresas frente a los Estados soberanos. Pero esta opinión no está respaldada por los datos: aproximadamente el 29 % de los casos concluidos favorecen al inversor, el 37 % al Estado y alrededor del 20 % se resuelven. Estos resultados difícilmente pueden considerarse fruto de un proceso sesgado.
A pesar de los crecientes retos, el arbitraje sigue siendo un mecanismo vital, rentable y neutral para la resolución de controversias internacionales. En lugar de abandonar el sistema, Europa debería centrarse en perfeccionarlo, garantizando que se adapte al entorno jurídico mundial actual.
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