La Comunitat Valenciana concentra el 11% de las viviendas okupadas en venta en España, según el último estudio publicado por Idealista. En total, se registran 3.481 inmuebles en esta situación, una cifra que sitúa a la región entre las más afectadas del país pese a que sus porcentajes provinciales están por debajo de la media estatal, que alcanza el 3%. Por provincias, Alicante contabiliza 1.267 viviendas okupadas en venta, València 949 y Castellón 239. En las capitales, el fenómeno se mantiene con porcentajes similares: Valencia con un 2,3%, Alicante con un 1,9% y Castellón con un 1,4%. Para Sandra Aurrecoechea Ríos, abogada y socia en Marín y Mateo Abogados, estos datos confirman una presencia estructural de la okupación en el mercado residencial valenciano, que frena la inversión y agrava la sensación de inseguridad jurídica entre los pequeños propietarios.
“La Comunitat Valenciana sufre una distorsión estructural del mercado inmobiliario”, explica Aurrecoechea. “Los instrumentos legales de recuperación posesoria resultan ineficaces frente a ocupaciones organizadas, y el artículo 441.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil deja fuera a las sociedades mercantiles, que son precisamente los principales tenedores de inmuebles”, añade.
La letrada recuerda que, aunque la Ley 5/2018 introdujo mejoras en la tutela sumaria del derecho de propiedad, en la práctica los plazos de desalojo siguen siendo muy largos, oscilando entre seis y dieciocho meses en la Comunitat Valenciana. Según Aurrecoechea, la saturación judicial, la intervención de los servicios sociales en casos de vulnerabilidad y las tácticas dilatorias de los ocupantes ralentizan los procedimientos. “A día de hoy, los lanzamientos de ocupantes vulnerables permanecen suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2025, y todo apunta a que el Gobierno volverá a prorrogar este plazo”, subraya.
Desde un punto de vista económico, Aurrecoechea señala que la existencia de inmuebles sin posesión genera una fuerte depreciación del mercado. Los descuentos pueden alcanzar el 50 o 60% respecto al valor libre, lo que ha propiciado la aparición de un mercado paralelo de activos conflictivoscontrolado por fondos e inversores con alta tolerancia al riesgo jurídico. “Se ha creado una dualidad muy clara: viviendas plenamente disponibles y valorizadas, frente a otras con una devaluación profunda y un riesgo jurídico elevado”, apunta.
La abogada advierte también de los riesgos legales tanto para el comprador como para el vendedor en este tipo de operaciones. El adquirente asume la carga de iniciar o continuar el proceso judicial de recuperación de la posesión, con la consiguiente dificultad para financiar la compra y sin posibilidad de disfrutar del inmueble. El transmitente, por su parte, puede incurrir en responsabilidad civil si no informa adecuadamente de la situación de ocupación, por lo que Aurrecoechea recomienda reflejar de forma expresa la situación posesoria en el contrato e incorporar cláusulas exoneratorias.
“El derecho de propiedad y el derecho a la vivienda digna no pueden seguir en conflicto permanente”, advierte. “Es necesario un procedimiento de recuperación posesoria urgente y uniforme, aplicable a todos los titulares, junto con un refuerzo real de la vivienda pública de emergencia para que la política social no recaiga sobre el patrimonio privado”, concluye.
Aurrecoechea subraya que la inseguridad jurídica derivada de esta situación está deteriorando el tráfico inmobiliario y desincentivando la inversión nacional y extranjera. En una comunidad con un alto peso turístico y una fuerte presencia de segunda residencia como la valenciana, este desequilibrio puede afectar de forma directa al desarrollo económico y al empleo del sector.
Para la abogada, la ocupación ilegal se ha convertido en un fenómeno estructural que exige una reforma legislativa integral. Aurrecoechea defiende la necesidad de clarificar los límites entre la posesión ilegítima y la necesidad habitacional, dotar de más medios a los juzgados y restablecer la confianza en el mercado. Solo así, afirma, podrá garantizarse el equilibrio entre el derecho constitucional a la propiedad y las políticas públicas de protección social.
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