Tras 47 años, los ciudadanos mantienen una elevada confianza en la Ley de leyes, casi el doble de la que tienen los partidos políticos o el Gobierno. De hecho, es el único referente que aprueba (6,59 puntos), por encima de la Justicia (4,98), el Parlamento (4,35) o los medios de comunicación (4,12). Peor respaldo merece el poder ejecutivo, con el 3,99 de apoyo y las formaciones políticas, con apenas el 3,82, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Los embates del secesionismo
La Carta Magna sobrevive a los embates de sus detractores que apenas representan el 10% del Parlamento, tanto el secesionismo como la izquierda radical empeñados en erosionar el sistema democrático surgido tras la Constitución. La estrategia de Bildu, Junts, ERC, BNG y la CUP no es otra que exigir su reforma total por ser el “instrumento que desarrollar “la voluntad democrática de los pueblos”. El rechazo constitucional también ha sido la constante del nacionalismo vasco y catalán, cuyos diputados solo se someten al acatamiento de la norma “por imperativo legal”. Peor es la actitud de organismos como el Instituto Cervantes -dirigido por Luis García Montero-, que tilda la Constitución de texto “patriarcal” y carente de plena legitimidad tras nacer con un “déficit democrático”.
La Constitución del 78: tres reformas, récord de vigencia y una salud de hierro
Con tres reformas a sus espaldas, una salud de hierro avalada por la confianza que genera entre los ciudadanos y custodiada en el Archivo del Palacio de Congreso, la Constitución de 1978 supera ya a la ‘canovista’ de 1876 que sustentó el ‘turnismo’ de la Restauración borbónica hasta la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Sus tres reformas sirvieron para la ratificación por parte de España del Tratado de Maastricht en 1992; la de 2011, para introducir los principios de estabilidad presupuestaria, y la más reciente, de 2024, para sustituir el concepto de ‘disminuidos’ por el de ‘personas con discapacidad’. Cinco décadas después, la ciudadanía se inclina por introducir otras mejoras como hacer más proporcional el sistema electoral, con listas abiertas y limitación de mandatos, eliminar la preferencia del hombre sobre la mujer en la línea sucesoria de la Corona, o blindar que jueces y magistrados se elijan a sí mismos sin interferencias políticas, según los interrogados por Sigma Dos.
Valoración de las instituciones
Hoy 7 de cada 10 ciudadanos cree que la forma en que se llevó a cabo la Transición constituye un “motivo de orgullo”. En contraste, las costuras del Estado y sus instituciones dejan bastante que desear a juicio de esa misma opinión pública. Mientras las Fuerzas Armadas, la Justicia y los gobiernos autonómicos son, por este orden, las instituciones mejor valoradas, el último estudio sobre la 'Calidad de la Democracia' realizado en 2025 por el CIS, refleja a su vez la desconfianza en los partidos políticos, con menos de un 3 de media, por detrás de sindicatos (3,59) y el Gobierno central (3,67). El 75,3% cree que quien detenta el poder siempre busca sus intereses personales y el 74% considera que la gente de su clase no tiene influencia sobre lo que hace el Gobierno.
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