El calendario se ha retrasado ya dos veces —la aplicación para las grandes empresas se ha movido a diciembre de 2026— y hay prevista una revisión obligatoria de su impacto administrativo. Solo esos retrasos dan una idea de la magnitud de los problemas de implementación.
Los costes, además, no se reparten por igual. Caen con especial dureza sobre los productores a los que, en teoría, la regulación pretendía proteger. Gobiernos como el colombiano o el peruano han alertado de la situación de los pequeños agricultores, que no disponen de recursos para realizar el mapeo detallado de sus parcelas en terrenos complejos o para cumplir con unas obligaciones de diligencia debida diseñadas con escasa referencia a la realidad de la gobernanza local.
Una pregunta parlamentaria presentada en el Parlamento Europeo en 2025 lo resumía sin rodeos: más que frenar la deforestación, el reglamento está alimentando cadenas de suministro paralelas que desvían los productos hacia China, al tiempo que encarecen su consumo en Europa y trasladan los costes a los países exportadores a los que la UE dice querer apoyar.
España, más que la mayoría de socios europeos, debería ver todo esto con preocupación. Ningún otro Estado miembro tiene una red de vínculos institucionales, culturales y comerciales tan profunda con América Latina.
Cuando Bruselas impone cargas de cumplimiento que favorecen estructuralmente a las grandes multinacionales frente a los pequeños productores de Colombia o Guatemala, no se trata solo de un tecnicismo comercial. Es poner a España en la incómoda posición de ver cómo se tensionan sus relaciones más cercanas por una regulación en cuya letra pequeña tuvo una capacidad limitada de influencia.
Además del problema de gobernanza, hay otro estrictamente probatorio: los argumentos de “deforestación” dirigidos contra los principales países productores de aceite de palma se han debilitado sensiblemente, y mantener a todo el sector en una categoría de “riesgo estándar” ya no encaja con los datos disponibles.
Malasia es el ejemplo más claro. Según datos de Global Forest Watch publicados por el World Resources Institute, Malasia registró en 2024 una caída del 13% en la pérdida de bosque primario y salió por primera vez desde que existen registros del grupo de los diez países con mayor pérdida de selva tropical. Si se observan periodos más largos, entre 2015‑2017 y 2020‑2022 redujo esa pérdida en un 57%, la cuarta mayor mejora entre todos los países tropicales. Su tasa de pérdida de bosque primario en 2024 (0,56%) fue incluso inferior a la de un país europeo como Suecia (0,87%).
Estas cifras proceden de la misma base de datos satelital que atribuye a Brasil el 42% de toda la pérdida de bosque primario tropical en 2024. Esa misma fuente constata la mejora de Malasia. Aun así, el marco regulatorio europeo coloca a ambos países en la misma categoría de riesgo estándar, una clasificación que refleja mejor la ciencia de hace una década que la evidencia actual.
Una parte importante de la trayectoria malasia responde a decisiones políticas deliberadas. En enero de 2025, el país puso en marcha MSPO 2.0 (MS2530:2022), una versión reforzada de su norma nacional de certificación para el aceite de palma. Ese estándar incorpora una fecha de corte de deforestación: sólo se certifican tierras no deforestadas después de diciembre de 2019, en línea con las exigencias temporales europeas, y establece requisitos obligatorios de trazabilidad en todos los eslabones de la cadena. Las auditorías las realizan terceros independientes.
Los pequeños productores, uno de los segmentos estructuralmente más vulnerables del sector, se integran en el sistema mediante mecanismos de apoyo específicos en lugar de quedar abandonados a su suerte frente a una burocracia compleja. La norma está incluida en el mapa de estándares del International Trade Centre, una plataforma conjunta de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio.
Es legítimo preguntarse si MSPO 2.0 obtendrá algún día un reconocimiento formal dentro del marco del EUDR. Pero lo que no admite mucha discusión es que la dirección regulatoria de Malasia va precisamente en la línea que la UE dice querer incentivar. Un país que ha reducido a más de la mitad la pérdida de bosque primario en siete años, que ha implementado una certificación nacional obligatoria con una fecha de corte de deforestación alineada con la europea y que ha creado una infraestructura de auditoría independiente, ha hecho los deberes. La duda es si la maquinaria regulatoria de Bruselas es capaz de reconocerlo.
Detrás de esta fricción hay una tensión más amplia que la UE aún no ha resuelto. Bruselas ha promovido una agenda de relaciones comerciales más profundas con economías emergentes como prioridad de política exterior, sobre todo a medida que observa la competencia creciente entre Estados Unidos y China por la influencia en el llamado “Sur Global”.
Al mismo tiempo, el EUDR impone costes de cumplimiento que muchos pequeños productores no pueden asumir con facilidad, establece obligaciones de reporte que incluso empresas europeas han considerado impracticables y aplica un sistema de clasificación de riesgo que designa como “bajo riesgo” a 140 países, dejando en riesgo estándar a los grandes exportadores agrícolas y de aceite de palma, incluida Malasia e Indonesia, con escasa consideración por los progresos cuantificables desde la fecha de referencia que se toma como base.
Los socios del Sudeste Asiático y América Latina observan con atención. El argumento de que Bruselas simplemente fija estándares ambientales altos y equivalentes para todos resulta cada vez más difícil de sostener cuando los países que soportan la carga de cumplimiento más pesada son, precisamente, aquellos que han demostrado mayores mejoras, mientras la infraestructura informática europea necesaria para procesar sus declaraciones ni siquiera estaba operativa en plazo.
La revisión que prepara la Comisión Europea determinará hasta qué punto el diseño actual del EUDR termina colocando el coste de los compromisos ambientales europeos en los productores de terceros países, mientras los beneficios recaen en consumidores europeos convencidos de que compran cadenas de suministro “limpias”, aunque la evidencia no siempre respalde esa percepción.
España haría bien en aprovechar esa revisión para reclamar un enfoque basado en resultados verificados, no en sospechas categóricas. Los datos existen, y también existen precedentes de marcos regulatorios capaces de reconocer el progreso cuando este se demuestra.
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