Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,Movistar, Vodafone y MasOrange concentran el 81,7% de las líneas de banda ancha fija y el 86,9% de las líneas móviles del Estado español, evidenciando un mercado altamente centralizado. A escala europea, distintos documentos estratégicos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo han alertado en los últimos años sobre los riesgos económicos, sociales y democráticos asociados a la concentración de infraestructuras digitales críticas y a la dependencia tecnológica.
“Internet se ha convertido en una condición material para participar plenamente en la sociedad. Cuando su gestión queda subordinada exclusivamente a los intereses económicos de grandes multinacionales, se pone en riesgo el acceso universal, la privacidad y la capacidad de decisión colectiva sobre una infraestructura esencial”, afirma Mercè Botella, coordinadora de la operadora de telefonía ética Somos Conexión.
La cooperativa considera que el debate sobre las telecomunicaciones no puede limitarse únicamente a tarifas o cobertura, sino que debe abordarse desde una perspectiva política y social. “Igual que pensamos que la energía, el agua o la vivienda deberían entenderse como ámbitos atravesados por derechos colectivos y no únicamente por lógicas de mercado, también debemos preguntarnos quién controla las redes digitales y bajo qué intereses operan”, añade Botella.
Frente a este modelo, Somos Conexión defiende las cooperativas de telecomunicaciones como una alternativa basada en la gestión democrática, la transparencia y el impacto social. La entidad subraya que elegir una cooperativa no es únicamente una decisión de consumo responsable, sino también “una forma de ejercer soberanía tecnológica y construir infraestructuras digitales más justas y alineadas con el interés común”.
En los últimos años, el debate sobre la dependencia tecnológica y la concentración de poder digital ha ganado peso en distintos ámbitos académicos y sociales. Organizaciones internacionales y expertos en derechos digitales han advertido del papel creciente de las grandes corporaciones tecnológicas y de telecomunicaciones en la configuración de la vida pública, desde el acceso a la información hasta la gestión de datos personales o las condiciones de acceso a servicios básicos.
“Necesitamos democratizar la tecnología y recuperar la capacidad colectiva de decisión sobre herramientas e infraestructuras que afectan directamente a nuestra vida cotidiana. Las cooperativas permiten precisamente eso: poner las telecomunicaciones al servicio de las personas y no de los fondos de inversión o la especulación financiera ”, concluye Botella.
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