A pesar de la insumisión gubernamental, el Partido socialista cada vez está más cerca de su imputación por presunta financiación ilegal con sociedades interpuestas para pagar las cloacas con las que perseguir, difamar o desestabilizar a jueces, magistrados y fiscales e incluso la investigación de la UCO y la UDEF. El culmen de las cloacas del Estado no es otro que la utilización de la cúpula de la Guardia Civil para coaccionar a rivales políticos e instituciones autonómicas como la Comunidad de Madrid.
Amnistía a Puigdemont y vuelta del’ frente popular’
En paralelo, cada vez hay menos dudas de la intención de Pedro Sánchez de utilizar la regularización y la nacionalización de los tataranietos de Cortés para amortiguar la debacle electoral que pronostican todas las encuestas a excepción del CIS. Entre los cálculos del inquilino de la Moncloa figura repescar en el ‘caladero’ de los 500.000 nuevos votantes del ‘exilio’ nacionalizados a día de hoy, acaparar parte de los 13 diputados que en 2023 se decidieron por apenas 3000 votos y blanquear también el nuevo “Frente Popular” registrado ya por la izquierda radical. Una carambola que, en el mejor de los casos, intentará la reedición de la dinamitada coalición Frankenstein, aunque sin posibilidad de gobernar frente a una abrumadora mayoría de PP y VOX superior a 190 diputados.
El Tribunal de Justicia europeo avala su ley de Amnistía con la justificación de haber propiciado la "reconciliación política" en el país, mientras el independentismo prepara ya el segundo golpe de Estado para proclamar la independencia catalana. Al fugado ex presidente Puigdemont le saldrá gratis su declaración secesionista de 2017, pese a no poder volver a España hasta el amparo del Tribunal Constitucional que puede desactivar la orden de detención del Tribunal Supremo.
Nepotismo institucional: entre Romanones, Napoleón y Baltar
El enchufe de David Sánchez no es uno más de la España que practica el nepotismo en las instituciones -organismos e incluso empresas públicas- desde tiempo inmemorial. La novedad, como recuerda la dirigente de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, es la condena a los beneficiarios como cooperadores necesarios de un delito de prevaricación, tras demostrarse el amaño de la plaza creada no solo con su consentimiento sino también con su necesaria colaboración.
Nuestra historia está llena de casos de enchufismo para colocar a parientes o amigos en determinados empleos, anteponiendo el servilismo o la lealtad sobre el mérito y la cualificación. Celebérrimos nepotismos fueron practicados en nuestro suelo patrio por el Conde de Romanones e incluso por Napoleón Bonaparte o el Papa Borgia en la corte romana. El cacique de Guadalajara llegó a colocar a centenares de paisanos en los distintos gobiernos en los que participó, bien como presidente del Ejecutivo, del Congreso, el Senado y hasta media docena de ministerios. Famosos eran los trenes que fletaba desde su provincia natal tras acceder a algunos de los cargos para colocarlos en la administración.
No menor fue el nepotismo extremo practicado por el gobierno del mismismo Napoleón que llegó a colocar a sus hermanos como 'reyes' de sus conquistas territoriales (José Bonaparte en España, Luis Bonaparte en Holanda, Jerónimo Bonaparte en Westfalia, Carolina Bonaparte en Nápoles y Elisa Bonaparte en La Toscana). Hasta el Papa hispano, Rodrigo de Borja, Alejandro VI, con siete hijos de distintas mujeres y comportamientos alejados de la Iglesia, situó a miembros de su familia en posiciones de poder dentro de la Curia o en diversas regiones de Italia: César Borgia, hijo ilegítimo, fue designado duque de Valentino, mientras sus nietos, Lluís y Rodrigo de Borja, recibieron otros títulos y el cargo de obispo.
No es ocioso recordar la procedencia del. término nepotismo, del italiano nipote ("sobrino") y del latín nepōs, junto al sufijo -ismo, en referencia a la práctica de los papas medievales y del Renacimiento de nombrar a sus parientes (la mayoría sobrinos) como cardenales. Entre los escasos caciques contemporáneos condenados por semejantes practicas figura el presidente de la Diputación de Orense (PP), José Luis Baltar, sentenciado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación tras enchufar a más de un centenar de conocidos.
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