Cibercracia

Silicon Valley, a nivel icónico, es ahora mismo el centro del poder mundial de esa cibercracia, junto con el poder financiero de Wall Street que lo sostiene: principalmente los megabancos (JP Morgan, Goldman Sachs, State Street etc.) y las gestoras de fondos de inversión (BlackRock, Fidelity, Vanguard etc.). El ciberespacio no solo son las redes sociales, sino la industria del software y programación de los algoritmos, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, los servicios de hosting y el sector del entretenimiento, ocio y psicología de masas. El auge de la cibercracia está provocando una metamorfosis de Internet en todos los aspectos.

La clave pasa por comprender lo más básico de todo: el poder económico siempre ha descansado en la información, en quien dispone los mejores sistemas y herramientas para su procesamiento y análisis. Estas Bigtech o GAFAM constituyen precisamente monopolios en sus respectivos mercados de servicios digitales y están progresivamente cerrando la competencia, levantando inmensas barreras de entrada a nuevos competidores. De facto, se está produciendo un cierre de Internet, aunque nos ofrezcan servicios gratuitos o low cost como anzuelo.

El poder y control de la infraestructura de Internet, los servidores, sistemas operativos (iOS y Android), distribución de apps (Apple Store, Google Play Store) y navegadores (Chrome, Explorer, Safari) han recaído en unos pocos centros de decisión. El paradigma abierto, de libre acceso de Internet de los años 90 es, desde ya hace algunos años, una quimera. Internet se está centralizando y concentrando en manos de unos gigantes cibertecnocráticos que tienen más influencia e información que los gobiernos y sus servicios de inteligencia, que los mass media y los representantes políticos. Silicon Valley no es sólo un grupo de tecnólogos y magnates, es todo un ecosistema tecnofinanciero que está gobernando de facto el mundo digital.

La cibercracia es hoy por hoy el principal pilar del sistema de gobernanza global. Un poder no democrático ni representativo que mediante un turbocapitalismo cognitivo explota la “infoesfera” y se apropia de los nuevos canales de comunicación y de los contenidos y datos de sus usuarios. Son los terratenientes y latifundistas del ciberespacio. Asistimos en nuestro días a la eclosión de una tiranía cibernética en posición de determinar con sus algoritmos el rumbo de la sociedad y modular en su interés la libertad de información y de expresión. La expulsión de Trump de Twitter y Facebook con carácter permanente, una vez incluso de haber abandonado la Casa Blanca, ha expuesto públicamente quién -en última instancia- tiene realmente el control del poder político. Ciertamente, en un contexto bélico, lo primero que se atacan son las comunicaciones del enemigo, como ya lo decía Sun Tzu en El Arte de la Guerra. Las disputas políticas y mediáticas en EEUU demuestran esta verdad imperecedera enunciada por el estratega chino porque lo que ha hecho Silicon Valley ha sido básicamente neutralizar las comunicaciones del “trumpismo”. Trump sin Twitter se queda desarmado, si bien buena parte de la culpa de su apagón cibernético lo tenga el propio Trump por el hecho de confiar sus comunicaciones públicas y oficiales a unos monopolios que no controlaba y que no se ocupó de regular ni supervisar desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

Obviamente, el problema de fondo de la injerencia sociopolítica de las GAFAM y del sesgo ideológico que ya explícitamente incorporan a sus plataformas, contenidos y servicios digitales, va mucho más allá de este episodio. La clave está en el hecho de que en el ciberespacio actual dominado por estas Bigtech el concepto de ciudadanía decae. La ciudadanía cede ante el concepto de usuario. Y el usuario debe cumplir con las condiciones del prestador del servicio. A esta dificultad se añade que el servicio que ofrecen en muchos casos es gratuito. Resulta entonces harto difícil por no decir imposible alegar un perjuicio contra un prestador de estos servicios si uno los ha recibido gratuitamente y ha aceptado voluntariamente una determinada política de condiciones. Igualmente, resulta imposible probar un daño directo al usuario cuando los servicios ofrecidos por estas GAFAM son en su mayor parte gratuitos y extraordinariamente útiles para la socialización y comunicación diaria, por todos los recursos y contactos que nos proporcionan (WhatsApp, Instagram, Gmail, Google Maps, Drive, Meet, YouTube, Messenger). Modelos enteros de negocios y empresas dependen totalmente de estas herramientas.

La gratuidad y utilidad que nos ofrecen las Bigtechs de Internet es a cambio de ceder la explotación económica de nuestros datos personales y nuestra privacidad. Mediante la configuración de los algoritmos pueden gobernar los flujos de datos de sus plataformas y de ese modo perfilan a sus usuarios para vender espacios publicitarios, modelizan grupos y opiniones, realizan análisis predictivos de sucesos, inducen tendencias y emociones o se permiten cancelar aquellos contenidos que no interesan a sus anunciantes y accionistas. Todo ello con un grado de precisión y sofisticación sin precedentes.

El reto de estos momentos es conocer la estructura del mercado y de la propiedad de Internet y exigir que las leyes estatales democráticas regulen este fenómeno cibercrático, sometiendo a las Bigtech a sus jurisdicciones y tribunales, exigiendo transparencia y neutralidad a sus plataformas y sistemas algorítmicos. Fiscalidad, protección y soberanía de los datos de los ciudadanos serán algunas de las armas políticas que tarde o temprano los Estados tendrán que hacer valer contra esta cibercracia globalista. Pero para que esto se produzca, el primer paso es que la sociedad sea consciente de esta realidad y exija, en consecuencia, cambios regulatorios a sus representantes políticos. Debe ser la sociedad civil la que exija la protección de la ley ante un futuro cada vez más distópico en términos de pérdida de libertad e intimidad al que nos conduce Silicon Valley, si no se fijan límites a su crecimiento, influencia y dominio. Es prioritario preservar la competencia en el mercado digital, pero también garantizar los derechos fundamentales y las conquistas sociales que en la historia humana tanto esfuerzo han supuesto.

Volvamos a un Internet más abierto, distribuido y participativo. No seamos víctimas de la seducción de una falsa gratuidad y libertad internáutica que convierte nuestros datos, nuestra vida personal, en una mercancía digital vendida en régimen de monopolio por unos poderes no supervisados ni sometidos a nuestras leyes.