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Hoy en día existe un amplio debate, motivado también por determinadas críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia la educación universitaria privada. Sin embargo, el problema es mucho más profundo: se trata de un ataque directo a la libertad y a la Constitución española, en concreto a su artículo 27. Es una agresión a los derechos y libertades públicas que nos hemos dado en favor de la búsqueda de una mal entendida igualdad. Una igualdad que, si no se encuentra afianzada en el esfuerzo, el principio de igualdad de oportunidades y la excelencia, nos conduce realmente a sociedades más desiguales, más manipulables, más sumisas y menos libres.

En la actualidad, después de tres décadas de conflicto, Armenia y Azerbaiyán están más cerca que nunca de un Tratado de Paz integral desde el colapso de la Unión Soviética. Las armas se han silenciado en gran medida, las negociaciones mediante mediación indirecta han sido sustituidas por negociaciones directas entre ambas partes. Ambos gobiernos se han comprometido públicamente a cerrar una etapa de un conflicto que definió a toda una generación en el Cáucaso Sur. Sin embargo, precisamente en este momento, cuando el proceso de paz continúa siendo frágil pero real, una oleada de acusaciones sin ningún rigor histórico ni fundamento jurídico llevado a cabo desde algunos medios de comunicación occidentales puede provocar un efecto negativo sobre el esfuerzo logrado con tanto esfuerzo por ambos países al socavar el progreso logrado por ambos países al producirse una distorsión de la realidad. Tampoco debemos de intentar convertirnos en jueces de un conflicto muy complejo, ni preguntarnos “qué fue antes si el huevo o la gallina”. Lo que es claro, es que para llegar a una verdadera solución que sea estable y duradera, es necesario, generosidad por ambas partes, así como que los actores externos contribuyan desde la responsabilidad al éxito del proceso.

Mientras el Tribunal Supremo cerraba filas en octubre pasado validando las pruebas obtenidas de EncroChat —aquella red de telefonía cifrada que las autoridades francesas reventaron en 2020—, tres magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia han escrito una sentencia que camina en dirección contraria. No por rebeldía, sino por coherencia con un principio que en los últimos años parece haberse convertido en incómodo: el derecho a un juicio justo.

El caótico mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias que provocó 46 muertes se suma ya a la larga lista de mala gestión pública del Gobierno, salpicada por la corrupción, mentiras, chantaje, impunidad, vaciamiento del Estado e incluso el desprecio a las instituciones que definen el mandato de Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo recurre una vez más a los Decretos para gobernar, al escapismo para dilatar explicaciones sobre la tragedia de Adamuz y evitar el cese de su ministro Oscar Puente, que deberá afrontar una comisión de investigación en Senado impulsada por el PP, desempolvando además la macro regularización de extranjeros dos años después para distraer la trágica realidad. El presidente ultima también su enésimo indulto al sentenciado ex Fiscal del Estado, mientras Ábalos renuncia al escaño y se jubila en prisión para optar a la máxima pensión.

Y me refiero al hecho de que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y más recientemente la Inteligencia Artificial, puedan convertirnos en una especie ociosa que no tenga en nada que pensar. Es fundamentalmente crítico que recuperemos la necesidad de que el factor humano vuelva a ser el eje no solo de la convivencia entre nosotros, sino de la manera de percibir el mundo y de interpretarlo. Hay que volver al pensamiento y a la reflexión humana, no podemos abandonar nuestro espíritu creativo a las máquinas: podrán ayudarnos mucho, si, como siempre lo han hecho, pero no debemos delegar absolutamente la gestión del conocimiento a las máquinas.

Tras meses de amenazas, ataques recíprocos, tensiones diplomáticas y sensacionalistas cambios de opinión – ambos como válidos aprendices de brujo de Pedro Sánchez – el acto más esperado de la guerra económica (el adjetivo “comercial” se queda corto) entre China y Estados Unidos (EE.UU.) ha tenido lugar en Corea del Sur el pasado 30 de octubre. La reunión entre los dos mandatarios en el aeropuerto de Busan tras la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju de ninguna manera representa una alteración de los equilibrios geopolíticos, más bien un punto aparte.

De un tiempo a ésta parte la transformación global del Mundo se hace cada vez más patente por las políticas incluyentes multilaterales: todos los actores pueden ser protagonistas en un mundo activo y verdaderamente globalizado y nadie queda al margen ni de las ventajas y beneficios, como tampoco de los costes o amenazas. China ha sabido jugar sus piezas en el tablero internacional, buscando siempre alianzas en clave económica y comercial, pero también acuerdos profundos que siguen bases sociales y culturales, una clave de su prestigio y credibilidad a escala Mundial. China es a su vez respetada como un interlocutor sincero, del que no se esperan sorpresas, y eso le da ventaja como mediador en los graves conflictos que nos acechan. Construir sobre la base de la confianza y la seguridad son la clave del desarrollo de una política exterior de China que es valorada por todos.

Tal escenario devuelve la energía nuclear al centro de la disputa geopolítica reabriendo preguntas casi olvidadas sobre la proliferación y la disuasión. El último acuerdo de control de armas nucleares firmado por Barack Obama y el entonces presidente ruso Dimitri Medvédev, y renovado posteriormente por Joe Biden y Vladimir Putin en 2021, expiró en el primer trimestre. El panorama estratégico de los últimos meses no es demasiado alentador y tampoco se vislumbra la apertura de un nuevo frente diplomático, aunque Moscú haya comunicado a Washington la conformidad a una prórroga anual siempre que la misma no beneficie a Ucrania. En abril el autócrata petersburgués ordenó revisar la doctrina nuclear, rebajando significativamente el umbral para el uso del arsenal – donde ostenta una abrumadora superioridad en armas tácticas – y anunciando el traslado de algunas ojivas en Bielorrusia con la aquiescencia de Aleksandre Lukasenko, desde 1994 un mero títere utilizado por el ex oficial de inteligencia.

El Imperio de la Ley ya sucumbió ante la tiranía. Advertí en 2009, de lo que decían los grandes de la Filosofía Política, desde Sócrates: la Democracia sin controles efectivos, degenera en demagogia y ésta en tiranía. Eso es un hecho en España y la UE. Si Trump no tiene continuidad, también lo será nivel global, pues la ingeniería social de la élite sabe que la rana no se hierve de golpe, sino de a poco, también en el ciberespacio.

El chavismo reventó Venezuela. El producto interior bruto se contrajo cerca del 70% desde que Maduro asumió el poder en 2013. El PIB fue de 289.819 Millones de euros en el año 2012 y de 86.349 Millones de euros en el año 2018. La renta per cápita alcanzó los 9.869 millones de euros en el año 2012 descendiendo a 2.988 millones de euros en 2018.

Mientras el Tribunal Supremo cerraba filas en octubre pasado validando las pruebas obtenidas de EncroChat —aquella red de telefonía cifrada que las autoridades francesas reventaron en 2020—, tres magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia han escrito una sentencia que camina en dirección contraria. No por rebeldía, sino por coherencia con un principio que en los últimos años parece haberse convertido en incómodo: el derecho a un juicio justo.

Tenía intención de escribir una trilogía secuencial sobre liberalismo y socialismo y ahora tocaba escribir sobre el liberalismo económico, pero tendré que dejarlo para después, porque es imposible no hablar del lodazal político, generado por el presente desgobierno. Hay un denominador común, en todo esto, que es la destrucción del principio de legalidad y del Estado de Derecho, que lleva produciéndose en España desde el principio de la Transición. En teoría, se sustituyó un Estado autoritario por un Estado democrático, pero no nos engañemos, aunque se hiciera por consenso, éste operó entre el viejo poder y el nuevo poder. Fue, pues, una cuestión obvia de poder. El problema es que el Imperio de la Ley, existe para el control del poder, lo que nunca se quiso en España. De aquellos polvos vienen los actuales lodos sanchistas.

CaixaBank se ha convertido en la primera entidad financiera en certificar su modelo de Acción Social con AENOR. Esta distinción confirma que las iniciativas de acción social del banco son compromisos medibles y auditados que impactan directamente en colectivos en situación de vulnerabilidad y en el desarrollo de los núcleos de población. AENOR ha auditado los compromisos que CaixaBank asume en su ‘Informe anual de Acción Social’ con los servicios centrales de Acción Social de la entidad financiera y con sus tres áreas clave, contrastando cómo se traslada su estrategia social a la actividad de negocio en todo el territorio, así como a la sociedad en general. Para ello, se han realizado entrevistas a entidades sociales con las que colabora el banco y a los responsables de Acción Social de diversas Direcciones Territoriales, asegurando que los compromisos se implementan con inmediatez y rigor.

¿Nunca han tenido un amigo íntimo en el que han confiado sin ambages y luego se han dado cuenta de que en el fondo su cercanía se debía a su propio interés? Seguro que sí. Pues bien, en el mundo geopolítico actual estas cosas pasan más de lo que debieran y la fábula de la rana y el escorpión está a la orden del día.