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Policrisis del Régimen del 78 (III)

Policrisis del Régimen del 78 (III)
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· Por Pablo Sanz Bayón, Profesor de Derecho Mercantil, Universidad Pontificia Comillas

By Pablo Sanz Bayón
jueves 19 de octubre de 2023, 07:14h
Comprender el modelo económico del Régimen del 78 constituye un elemento esencial para analizar críticamente la deriva de su sistema político y sus efectos sociales. Un modelo de crecimiento que se ha fundado en gran medida sobre el turismo y el ocio, la especulación del suelo y la construcción, esto es, en el ladrillazo y en los pelotazos urbanísticos. La economía española desde hace décadas presenta una economía muy terciarizada: en 1995 el sector servicios ya representaba el 60,4% del PIB nominal. En 2022, esta cifra subió hasta el 74,53%. La industria supone tan solo el 17,60%, frente a casi el 30% que alcanza en Alemania, y el sector primario el 2,65% (Guía de Negocios en España 2023, ICEX).

A ello hay que sumar un factor problemático y endémico, como es el de los subterfugios de los sistemas de contratación pública que encarecen las obras y servicios públicos con sobrecostes inauditos, hinchando así una inmensa burbuja que estalló en el Crash de 2008. Como es ampliamente conocido, los contratos de obra pública soportan una serie de negocios paralelos entre los que están los modificados de obra o sobrecostes, que generalmente consiguen que un proyecto público acabe costando mucho más de lo presupuestado inicialmente, como ha estudiado Jesús Rodríguez Morilla (El modificado en el contrato de obra pública, junto con Fernando González Botija, Atelier, 2021).

Esta situación supone un descontrol económico a causa de las alteraciones de los contratos públicos con posterioridad a su adjudicación. De hecho, como ya reconocía el Informe de Lucha contra la Corrupción de la UE (2014), un 69% de las empresas españolas manifestaron que una de las prácticas corruptas más extendidas en los procedimientos de contratación pública en España son las modificaciones de las condiciones contractuales después de la celebración del contrato.

El modelo económico adoptado y gestionado por la partitocracia del Régimen del 78, además de cortoplacista, se presta a numerosas trampas corruptas que impactan en la eficiencia y sostenibilidad de nuestros recursos y servicios. El informe “The cost of corruption across EU” (Greens/EFA Group, 2018), en su análisis para España, ya estimaba que las prácticas corruptas detraen casi el 8% del PIB español anualmente, es decir, unos 90.000 millones de euros al año. Esta cantidad que se pierde por el sumidero de la corrupción representa cuatro veces el presupuesto para combatir el desempleo -alrededor de 19.600 millones de euros- o más del 90% del presupuesto total dedicado a la salud -98.500 millones anuales aproximadamente-. Además de representar 11 veces el presupuesto dedicado a políticas familiares, unos 7.900 millones de euros.

Por otra parte, la partitocracia del Régimen del 78 ha amparado casi todas sus políticas en su fidelidad ciega a la Europa de Bruselas, la de los eurócratas. Se ha usado a la Unión Europea como pretexto de cualquier medida interna, en la pretensión de que la España del 78 debería ser “más europea”. Y aunque esta europeización ha traído algunos elementos positivos, como la fiscalización presupuestaria de nuestra clase política, la comparación de métricas sobre nuestro desempeño con respecto a los países de nuestro entorno y la obligación de competir en el seno del mercado común, no ha impedido sin embargo la terciarización excesiva de nuestra economía, haciéndola cada vez más vulnerable.

La europeización tampoco ha supuesto la corrección de nuestros principales desequilibrios: alto desempleo -que ha estado casi ininterrumpidamente desde la década de los años 80 a la cabeza de los problemas de los españoles en los barómetros del CIS- y el trabajo precario; el alto fracaso escolar, con una tasa de abandono temprano del 13,9%, muy por encima del promedio de la UE (9,3%), y con el 48% de la población activa española que solo cuenta con estudios de la ESO. A ello se puede añadir el coste de la vivienda, que, en plena escalada de los tipos hipotecarios, ya sea el Euríbor -al que están referenciados la inmensa mayoría de los préstamos a tipo variable en España-, o la oferta de créditos a tipo fijo, se convierte en un problema muy acuciante para millones de familias españolas.

Esto nos lleva al segundo elemento del análisis, que es el europeísmo de la sociedad española. Un europeísmo acrítico y naive, propagado por las terminales mediáticas de la partitocracia del Régimen del 78, que se ha ocupado de omitir los estragos inflacionarios que causó la introducción del Euro en la mayor parte de las economías domésticas. Una economía que pasó cínicamente de tiendas de “todo a 100” (pesetas) en 2001 a “todo a 1 euro” en 2002, mientras la mayoría social dentro de una inercia burbujeante continuó aplaudiendo la narrativa europeísta sin el menor rubor ni reflexión crítica sobre lo que abandonar la peseta significaría para su bolsillo (muchos precios de productos básicos se encarecieron debido al redondeo hacia arriba de un 66%).

Aunque, en principio, dicha conversión (peseta a euro) constituía una operación neutral en relación con el nivel de precios, algunas circunstancias aparejadas al proceso de conversión −la existencia de costes generales de la adaptación o la búsqueda de precios con denominaciones atractivas− hicieron que se produjera un impacto alcista sobre los precios, que incidió, transitoriamente, sobre la tasa de inflación, como en su momento examinó y reconoció el Banco de España en 2004: “El impacto de la puesta en circulación del euro sobre los precios de consumo” (Documento Nº 0404).

En la década inflacionaria, de 1999 (año en que se crea el Euro, aunque se emite en 2002) hasta 2008, la inflación media de España fue de un punto porcentual superior a la inflación en la Eurozona. Los precios en España crecieron más rápido. El ajuste en el diferencial de inflación que se produjo entre 2008 y principios de 2013 se caracterizó por un periodo de corrección causada por la Gran Recesión, y por el considerable ajuste de los costes salariales gracias a la reforma laboral. Sin embargo, la inflación general seguía siendo más elevada en España que en la Eurozona. La mala supervisión sobre los precios referenciados al Euro (por contraste a la peseta) en sectores muy determinantes de la economía española, unido al crédito barato, generaron una espiral inflacionista que todavía persiste.

El Euro es una unión monetaria imperfecta desde sus orígenes, una moneda inacabada y frágil. Se diseñó para tiempos de estabilidad y en el marco de la euforia económica de los años 90, tras la reunificación alemana, respondiendo a una ceguera ideológica que no tuvo en cuenta la historia económica y las crisis inherentes al sistema capitalista. La adopción del Euro no sólo supuso la cesión de la soberanía monetaria al Banco Central Europeo y perder una de las principales herramientas políticas y económicas. Se extirpó la política monetaria de la soberanía democrática nacional y se situó en un nivel supraestatal, incontrolable democráticamente ni sometida a una fiscalización a nivel nacional.

Pero, sobre todo, la Eurozona significó la misma política monetaria para economías muy distintas entre sí, como puede ser la española, portuguesa o griega, con respecto a la alemana, austriaca u holandesa, economías con diferentes niveles de salarios, inflación, modelos productivos y ciclos económicos. Como afirmó en su momento Jean Quatremer en su obra Il faut achever l’Euro (Calmann -Lévy, 2019), el Euro jugó un papel geopolítico clave al proyectar una “Alemania europea” tras su reunificación en la década de los 90, si bien a costa de que “Europa se haya convertido en Alemania”. Efectivamente, Trichet aumentó la liquidez para que funcionara la política expansiva aplicada por el canciller Schröder y luego por Merkel, y las exportaciones sacasen a Alemania de la recesión. Esto llevó aparejado numerosos desequilibrios, y entre ellos, el crédito barato que en su momento necesitaba Alemania y que espoleó la burbuja inmobiliaria española, entre 2002 y 2009.

Al no haberse producido una unión fiscal ni una unión bancaria ni de capitales, la política monetaria de la Eurozona ha dado lugar a grandes desequilibrios entre los Estados miembros, constreñidos por las reglas de la disciplina presupuestaria. Esta rigidez obligó a éstos a hacer frente a la divergencia mediante la flexibilidad de precios y la devaluación interna de salarios, a través de ajustes o recortes presupuestarios y estructurales, y de incrementos masivos de la deuda (como experimentó España entre 2010-2015). El sur de Europa, con altos niveles de deuda pública sobre el PIB, precariedad laboral y desempleo, fue la principal víctima de un Euro demasiado germánico, gobernado desde Frankfurt. Los superávits de algunos países europeos fueron los déficits de otros, sobre todo de los periféricos, como España.

El Euro fue por tanto un instrumento ventajoso para Alemania y los países de su órbita, denominados “frugales”, porque el coste de perder la soberanía en política monetaria fue ampliamente superado por el beneficio de impedir que los países del sur (los pigs) pudieran ganar competitividad mediante devaluaciones. El europeísmo acrítico y bisoño de algunas sociedades como la española, exhibido con la adopción de una divisa común repleta de errores de diseño -pero que cumplía con los intereses de la potencia alemana-, ha imposibilitado la convergencia económica de los últimos años y el avance del proyecto político europeo.

De hecho, desde el ingreso en el Euro, España se encuentra en una situación de sobreendeudamiento, con una deuda denominada en una moneda sobre la que el Estado tiene poco o nulo control político. Además, como se ha apuntado antes, Alemania ha conseguido ser el Estado que domina la política fiscal y monetaria, usándola para desarrollar su política exportadora y, por lo tanto, con un euro depreciado respecto el resto del mundo.

Como consecuencia, los países de la periferia sur como España han quedado atrapados en una situación que les supone una gran dependencia financiera y consiguientemente política. Una prueba de ello es el hecho de que España haya quedado a merced de las ayudas de la UE, por su falta de capacidad para realizar políticas monetarias y fiscales propias, por su escaso músculo industrial y financiero, y por el conjunto de vulnerabilidades ya indicadas. De ahí que tras el golpe pandémico sufrido en su economía excesivamente terciarizada, haya sido rescatada indirectamente por Bruselas, con los tan cacareados fondos “Next Generation EU”. Unos fondos cuya distribución merecería un análisis aparte, habida cuenta de la falta de transparencia con la que se ha efectuado por parte del gobierno español (ABC, “Calviño y Montero niegan a la Airef más transparencia y control en los fondos europeos”, 2 de octubre de 2023; El Debate, “El Tribunal de Cuentas de la UE halla puntos débiles en la gestión de España de sus fondos europeos”, 5 de octubre de 2023).

Todo este despropósito trufado de europeísmo, tiene, como no puede ser de otro modo, un coste en el patrimonio de los ciudadanos españoles. A cierre de 2022, la renta media de los españoles se situó un 15% por debajo de la UE (Eurostat). El mero crecimiento del PIB por encima de la media no garantiza avanzar en esta convergencia real con la UE, a pesar de la propaganda oficialista. Ya se observó este fenómeno antes de la pandemia. Entre los factores determinantes de esta situación parece claro que se sitúa la falta de competitividad y de productividad de la economía española, que no está enfocada hacia sectores de alto valor añadido, al menos en términos relativos a otros países europeos.

En este sentido, el Banco de España, en su último Informe Anual correspondiente a 2022, pero publicado el pasado mes de mayo, ha afirmado que en términos reales y teniendo en cuenta las diferencias de poder de compra entre España y el conjunto de la Unión Económica y Monetaria (UEM), “en las últimas décadas, el crecimiento (…) de la economía española no ha sido suficiente para lograr la convergencia en el nivel de renta per cápita del área del euro”. Además, entre 2005 y 2022, la brecha negativa en nuestra convergencia de renta per cápita con los países de la UEM se ha doblado, y solo en los últimos tres años (2019-2022) ha subido 4 puntos porcentuales. La España de 2023 está pues en los mismos niveles de convergencia que los alcanzados en torno al año 1995. Es decir, España no ha logrado reducir la brecha de renta per cápita con la Eurozona, a pesar de que uno de los objetivos de la divisa única era la convergencia económica. El mayor crecimiento medio que registró la economía española y que supuso mayor convergencia con Europa no estuvo basado en una mayor productividad y competitividad sino en el endeudamiento masivo de familias y empresas y en una política fiscal expansiva.

A lo anterior se une una política del Banco Central Europeo de emisión de dinero casi gratis, que alimentó aún más la burbuja y el endeudamiento. El europeísmo bisoño y snob salió carísimo a España, con resultado de siniestro casi total. A comienzos de 2013, en esa España de “nuevos ricos” se registraron 6 millones de desempleados, desaparecieron o rescataron con fondos públicos (FROB, SAREB) a gran parte de las entidades de crédito, se produjo una espiral de quiebras de decenas de miles de empresas que minó el tejido productivo y la pauperización de amplias capas sociales. La crisis obligó a los españoles que se quedaron sin trabajo o que vieron frustradas sus expectativas vitales y laborales a buscarse un futuro en otros países. La cifra de emigrantes españoles no paró de crecer desde 2009 hasta situarse en 2,4 millones de personas en 2017, lo que supuso el nivel más elevado de la serie histórica.

La vulnerabilidad actual de la estructura económica que presenta España no puede entenderse sin los requisitos que la UE exigió a España por su adhesión, que consistió en una reconversión industrial y una liberalización y apertura de sus mercados de bienes y servicios, que, unidos a la libre movilidad de capitales, acabó siendo absolutamente nefasta para nuestro futuro. Numerosos autores de un tiempo a esta parte han argumentado que estar en el Euro no nos ha beneficiado ni lo podía hacer, por su propia configuración: Philipp Bagus, La tragedia del euro (Unión Editorial, 2012); Miguel Riera, ¿Salir del Euro? (Intervención cultural, 2012); Juan Francisco Martín Seco, Contra el Euro: historia de una ratonera (Península, 2013); David Marsh, Europa sin euros (RBA, 2014); Manuel Monereo y Enric Llopis, Por Europa y contra el sistema (El viejo topo, 2014); Ramón Franquesa (ed.), Librarse del Euro (Icaria, 2016) o Domenico Moro, La jaula del euro (El viejo topo, 2018), entre otros. Cabe destacar a un premio Nobel de Economía, como Joseph E. Stiglitz, con su obra, El Euro. Cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa (Taurus, 2016), quien aboga por la necesidad de abandonar el euro como requisito para salvar el proyecto europeo.

Como afirma Juan Laborda, Profesor de Economía Financiera, de la Universidad Carlos III (El Salto, “20 años de la entrada en el Euro”, 3 de enero de 2022): “El papel que nos asignaron implicaba una desindustrialización masiva, una tercerización de la economía y una bancarización excesiva. Con estos mimbres, la introducción del euro se tradujo en nuestro país en la generación de la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia, financiada con una gigantesca deuda privada. Pero no contentos con ello, el mayor error del Euro fue rescatar a los acreedores de nuestro sistema financiero, básicamente bancos alemanes, franceses, estadounidenses... con dinero público, es decir, a costa de los contribuyentes españoles, lo que a su vez fue aderezado con una devaluación salarial y una política fiscal contractiva, empobreciendo masivamente a las familias españolas”.

Lo cierto es que algunos países europeos no han entrado en el Euro ni quieren entrar (Suecia, Dinamarca, Polonia, Hungría, República Checa) porque no eran ni son países acomplejados que necesitaban tener una moneda común para sentirse “europeos”. Confiaron en su moneda y conservaron su soberanía. Para más inri, el Euro tampoco ha impedido que tengamos gobiernos populistas, como el actual, infatigable aprobando medidas de orden financiero completamente irresponsables y que comprometen la viabilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo. Tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo han dado el plácet a casi todo lo que ha venido de Moncloa. El romance entre Úrsula Von der Layen y Christine Lagarde con Sánchez y Calviño es buena prueba de que Bruselas ni Frankfurt carecen de la capacidad de frenar los despropósitos que se fraguan desde Madrid.

Por tanto, contemplando el cuadro anterior, puede concluirse que uno de los presuntos hitos, o mitos, de la partitocracia del Régimen del 78 -la adopción del Euro-, ha tenido un balance global negativo.


*La primera parte: “Policrisis del Régimen del 78 (I)” (El Mundo Financiero, 13 de octubre de 2023)

https://www.elmundofinanciero.com/noticia/112621/sociedad/policrisis-del-regimen-del-78-i.html

*La segunda parte: “Policrisis del Régimen del 78 (II)” (El Mundo Financiero, 15 de octubre de 2023)

https://www.elmundofinanciero.com/noticia/112648/sociedad/policrisis-del-regimen-del-78-ii.html

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