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El frenesí regulador de la UE provoca cada vez más tensiones con sus socios comerciales

El frenesí regulador de la UE provoca cada vez más tensiones con sus socios comerciales
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· Por Pieter Cleppe, Editor-in-Chief, BrusselsReport.eu

martes 28 de julio de 2026, 08:21h

La semana pasada, la Comisión Europea decidió imponer una multa de 890 millones de euros a Google, esta vez en virtud de la nueva «Ley de Mercados Digitales» (DMA) europea. Se trata de otra multa europea más, que asciende a miles de millones, impuesta a una empresa tecnológica estadounidense. Una vez más, se obliga a Google a desembolsar dinero basándose en el razonamiento, sumamente dudoso, de que no se le debería permitir promocionar sus propios productos en su propia tienda. La política antimonopolio de la UE —y la política antimonopolio en general— siempre ha sido notoriamente arbitraria y desde hace tiempo una espina clavada para los liberales clásicos. Todo un sector de abogados y economistas se gana la vida gracias a ello. Sin embargo, tras años de jurisprudencia, las multas de la UE basadas en la legislación antimonopolio son mucho más predecibles que las multas de la DMA, que Politico —una publicación bastante leal a la Comisión Europea— describe como «arbitrarias hasta cierto punto, y no exentas de consideraciones políticas».

En esta ocasión, la cuestión adquiere una dimensión adicional. Vuelve a ejercer presión sobre la ya tensa relación económica entre la UE y EE. UU. Es una lástima que esto ocurra justo después de que la UE apruebe el denominado Acuerdo de Turnberry. Este se firmó el verano pasado entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de que Trump hubiera iniciado su guerra arancelaria. Establece un límite máximo a los aranceles aduaneros que EE. UU. puede imponer a las exportaciones procedentes de la UE.

La semana pasada también se aclaró cómo Trump pretendía prorrogar un poco más los aranceles aduaneros que ya había prorrogado anteriormente —a pesar de que habían sido anulados por los tribunales estadounidenses—. La justificación jurídica estadounidense para ello es ahora la falta de un marco europeo para combatir el trabajo forzoso. Una mera excusa, por supuesto, pero al menos la prórroga no superó los aranceles aduaneros máximos que EE. UU. está autorizado a imponer en virtud del Acuerdo de Turnberry. Además, está previsto que ese marco de la UE entre en vigor a finales de 2027, lo que ofrece la perspectiva de una reducción.

En cualquier caso, el Acuerdo de Turnberry se encuentra ahora amenazado, advirtió el eurodiputado alemán Bernd Lange, que preside la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, ya que, en respuesta a la multa impuesta por la UE a Google, Trump amenazó una vez más con imponer contramedidas, lo que bien podría infringir el Acuerdo de Turnberry. En otras palabras: la UE está reavivando, de forma totalmente innecesaria, una disputa con Trump, justo cuando las cosas parecían empezar a calmarse, a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU.

Conflictos en materia de regulación

La UE también se ve envuelta con frecuencia en conflictos con otros socios comerciales en estos días. A principios de este mes, el Parlamento Europeo decidió no clasificar el aceite de soja como materia prima de «alto riesgo» por cambio indirecto en el uso del suelo, en el marco de la Directiva sobre energías renovables (RED). El elemento proteccionista en este caso radica en que el aceite de soja recibe un trato diferente al de las importaciones no europeas, como el aceite de palma, que actualmente es la única materia prima incluida en la categoría de «alto riesgo».

En respuesta, Belvinder Sron, director ejecutivo del Consejo Malasio del Aceite de Palma, criticó duramente la decisión. Afirmó: «Se trata de coherencia, no de competencia entre cultivos. Cuando dos materias primas se evalúan con arreglo a las mismas normas, deben juzgarse sobre la base de las mismas pruebas».

De hecho, los datos muestran que, según Global Forest Watch, Malasia solo perdió el 0,56 % de su bosque primario restante en 2024. Esto significa que el país está obteniendo mejores resultados que Suecia, que registró una pérdida del 0,87 %. Las normas industriales locales de Malasia parecen haber dado lugar a una importante reducción del 13 % entre 2023 y 2024. No obstante, se está utilizando la «deforestación» como justificación para establecer esta distinción.

Además, es cuestionable que la decisión del Parlamento Europeo se ajuste a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que la OMC ya ha planteado dudas anteriormente sobre los criterios de la UE para tratar dichos productos de forma más estricta.

Tras una disputa similar entre la UE y Malasia, un grupo especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) elaboró un informe sobre este asunto hace unos años. Dicho informe confirmó el derecho general de la Unión Europea a perseguir objetivos medioambientales en el marco de la Directiva sobre energías renovables. Sin embargo, concluyó que la UE aplicaba criterios de cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC) altos y bajos de forma incompatible con las normas comerciales internacionales debido a datos obsoletos y a defectos de diseño

En concreto, el grupo especial de la OMC objetó el hecho de que la UE no hubiera evaluado los datos de manera oportuna. Asimismo, consideró que la UE no había aplicado la medida de manera imparcial y determinó que ciertos criterios y requisitos de certificación de bajo riesgo de ILUC eran «demasiado vagos y ambiguos, además de incompletos», y que un límite de diez años para poder optar a la certificación de bajo riesgo de ILUC perjudicaba al aceite de palma, ya que este cultivo solo da fruto al cabo de varios años. Esto llevó al grupo especial a concluir que, por lo tanto, la UE había «aplicado el umbral de alto riesgo de ILUC y la eliminación gradual de manera incompatible con el artículo 2, apartado 1, del Acuerdo OTC».

Tensiones con la India y China

Además, la UE también está generando tensiones con sus socios comerciales en torno al arancel climático europeo CBAM, o «Mecanismo de Ajuste en Frontera por las Emisiones de Carbono». Este mecanismo impone aranceles a los socios comerciales al estilo de Trump cuando, en opinión de la UE, no adoptan suficientemente la política climática europea. Y ello a pesar de que dichas políticas causan un daño significativo a la competitividad de las empresas europeas, ya que mantienen artificialmente los precios de la energía en Europa a niveles extremadamente altos.

Aunque la India ha celebrado recientemente un acuerdo comercial con la UE, está especialmente descontenta con el CBAM. Los países africanos más pobres también se están viendo muy afectados.

Además, también hay crecientes tensiones con China, como consecuencia del aumento de las exportaciones chinas. Este se ha visto inflado artificialmente por una moneda subvalorada y por subvenciones masivas. Recientemente, la UE y China acordaron celebrar tres meses de negociaciones para evitar una guerra comercial por el desequilibrio comercial, en su primera declaración conjunta en siete años, pero existe una presión considerable para imponer aranceles más elevados a China, tal y como hizo Trump.

Sin embargo, este proteccionismo de «ojo por ojo» contra China no ha dado, de hecho, resultados positivos en los últimos años. En 2024, la introducción de aranceles de la UE no logró frenar las importaciones de coches eléctricos chinos, ya que los fabricantes chinos pasaron a fabricar coches híbridos y a producir localmente como respuesta. En abril de 2025, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, hubiera aumentado los aranceles de importación sobre China a más del 100 %, China respondió imponiendo restricciones específicas a la exportación de metales de tierras raras, lo que afectó a los fabricantes estadounidenses de defensa y del sector del automóvil y alteró las cadenas de suministro industriales mundiales. Los exportadores chinos también se limitaron a desviar los flujos comerciales a través del sudeste asiático y México para eludir los aranceles de importación estadounidenses. Tras las conversaciones con el presidente chino Xi en octubre de 2025, Trump redujo de nuevo algunos de los aranceles de importación sobre China.

Un nuevo estudio de los economistas Joep Konings, Glenn Magerman y Alberto Palazzolo muestra ahora que, para la UE, una guerra comercial con China tampoco es, sencillamente, una buena idea. Según el estudio, la economía europea se vería gravemente afectada en caso de que China adoptara medidas de represalia dirigidas contra sectores específicos de exportación de la UE. Las medidas de represalia chinas supondrían «una pérdida media del PIB de la UE» del 0,07 % del PIB de la UE.

Daniel Kral, de Oxford Economics, señaló recientemente lo siguiente:

«El problema clave de la UE no es que China inunde el mercado de la UE con productos —ya que la cuota de la UE en las exportaciones chinas se mantiene estable—. Se trata, en primer lugar, de una pérdida de cuota de mercado de los exportadores de la UE en terceros mercados y, en segundo lugar, de un colapso asombroso de la cuota de la UE en las importaciones chinas: del 12 % en 2019 al 8 % actual. Ninguna de las herramientas de la UE aborda estas dos cuestiones».

Incluso quienes están a favor de un mayor proteccionismo frente a China deberían, como mínimo, exigir que la UE abandone su propia política climática suicida antes de castigar a sus propios consumidores e importadores con aranceles aduaneros más elevados.

Además, a nivel de la UE, debería reconocerse que una confrontación de línea dura con China o incluso con EE. UU. requiere, como mínimo, el mantenimiento de buenas relaciones con otros socios comerciales. Es cierto que la UE ha celebrado varios acuerdos comerciales nuevos en los últimos años, lo cual es positivo, pero el frenesí regulador de Bruselas está dando lugar, una vez más, a una gran cantidad de nuevo proteccionismo por la puerta trasera. Cualquiera que se pelee con todos sus amigos haría bien en no crearse nuevos enemigos.

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