Al excomisario José Manuel Villarejo se le agolpan loos asuntos, y todo apunta con un mal desenlace para su defensa: en estos momentos está declarando por el ‘caso Kitchen’, el caso BBVA-Villarejo sigue avanzando en un momento especialmente delicado. La acusación particular, liderada por el presidente de Ausbanc Luis Pineda, ha dado un paso más y ha pedido a la Audiencia Nacional que actúe ya sobre el patrimonio del banco, de su expresidente Francisco González y de varios exdirectivos. La idea es sencilla pero de gran calado: "garantizar que, si el proceso termina en condena, haya dinero suficiente para responder por los daños".
No es un paso menor. Llega justo después de que la Fiscalía haya formalizado su acusación —de hasta 173 años de cárcel para Francisco González y una multa de 180 millones para el banco— y de que la Audiencia Nacional haya confirmado que el caso debe ir a juicio.
En este contexto, Luis Pineda ha subrayado que “la Audiencia Nacional se enfrenta al desafío de embargar a uno de los bancos más grandes de la historia de España y a su equipo directivo. Este movimiento determinará la integridad del Estado de Derecho de nuestro país”.
Según Pineda, el riesgo es evidente: “con el procedimiento ya avanzado, los acusados podrían mover su patrimonio o reorganizar sus activos para dificultar una futura ejecución de la sentencia. Por eso se solicita la adopción inmediata de medidas cautelares”.
Luis Pineda sostiene que la cifra que se intenta asegurar —196.318.993 euros— responde al daño económico causado por los hechos investigados. Un daño que, en su opinión, exige una respuesta proporcional: “Hay que embargar todos los bienes y sus rentas, la decisión es ahora”.
El propio Pineda insiste en que existen precedentes dentro del mismo conflicto que, a su juicio, refuerzan la petición: “A nosotros en Ausbanc se nos embargó todo desde el inicio del procedimiento, impidiendo nuestra actividad”, recuerda.
Este movimiento de Pineda desde la acusación no se entiende sin lo ocurrido en los últimos meses. La Fiscalía Anticorrupción ya ha fijado su posición y ha situado a Francisco González en el centro de la investigación, con una petición de penas de hasta 173 años. Con el juicio cada vez más cerca, la estrategia de la acusación pasa ahora por asegurar el terreno económico.
Para comprender el recorrido del caso hay que remontarse a octubre de 2018, cuando comenzaron a conocerse los trabajos de espionaje de Villarejo para distintas empresas.
En el caso del BBVA, la investigación se centra en un periodo amplio, entre 2004 y 2017, con pagos que superan los 10 millones de euros. El caso dio un paso clave el 20 de junio de 2024, cuando el juez Manuel García Castellón dio por cerrada la instrucción y propuso llevar a juicio a la cúpula del banco. A partir de ahí, la causa avanzó entre recursos y retrasos.
Uno de los momentos más delicados llegó el 14 de enero de este año, cuando la acusación denunció que la Fiscalía llevaba más de 18 meses sin presentar su escrito. Aquella situación alimentó la sensación de bloqueo, como informamos desde elcierredigital.com.
El escenario cambió semanas después, cuando la Audiencia Nacional confirmó que existían indicios suficientes para juzgar el caso. Con esa decisión, el procedimiento entró en su fase final.
Es en este punto donde encaja la solicitud de embargo. Ya no se trata solo de determinar responsabilidades penales, sino de garantizar que, si hay condena, esta tenga efectos reales. Pineda insiste en el perfil de los implicados y en el riesgo que, a su juicio, existe: “Son personas con una enorme capacidad económica y de maniobra, estarán dispuestas a hacer todo lo que esté en su mano para evadir la justicia”.
Si (
No(
